La Fiscalía denuncia por sedición, los disturbios de Barcelona llevados a cabo contra la Guardia Civil.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no está dispuesta a que el acoso a la Guardia Civil quede impune y ha denunciado un presunto delito de sedición en los disturbios que se produjeron en Barcelona los pasados 20 y 21 de septiembre, durante la operación policial Anubis, en relación a las concentraciones y manifestaciones llevadas a cabo "para impedir por la fuerza la actuación de las autoridades y sus agentes en el ejercicio de sus funciones en defensa del ordenamiento constitucional", según consta en la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal en el que e puede leer: "La finalidad inmediata de las personas que protagonizaron los actos estaba orientada a impedir que funcionarios de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudieran desarrollar sus funciones en cumplimiento de la Ley y de las resoluciones dictadas por una autoridad en el seno de un procedimiento judicial", resalta el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, firmante de la denuncia.

El fiscal deja claro que "la finalidad última de estas movilizaciones es conseguir la celebración del referéndum para conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España", sin pasar por alto que los manifestantes son "conscientes" de que el referéndum se hace "al margen de las vías legales".

La denuncia presentada por la Fiscalía de la Audiencia hace un relato pormenorizado de los hechos, advirtiendo de que "una muchedumbre de personas se concentró ante los edificios registrados con la finalidad de impedir por la fuerza a los agentes de la autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de las resoluciones judiciales", señalando al presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y al presidente de la asociación Omnium Cultural, Jordi Cuixart, como intervinientes en los hechos denunciados.

El fiscal destaca que hubo "individuos que no han podido ser identificados, aprovechando la situación", y se dedicaron a pinchar las ruedas de coches patrulla de la Guardia Civil que estaban aparcados frente a la Conselleria de Economía, mientras se hacían los registros, "a fin de impedir su legítima actuación. Según la fiscalía los hechos investigados revelan que la ANC "montó" un puesto para voluntarios, en donde podían recoger un chaleco de diferentes colores y desde donde se organizaban los turnos de relevo y que incluso llegaron a sentarse en el suelo, delante de los coches y furgonetas de la Guardia Civil, "para impedir su movilidad", además de "empujar a los agentes, tanto Mossos como de la Guardia Civil, que resistían sin utilizar material antidisturbios".

Según la fiscalía todo estaba planificado, tal era así que estas actuaciones llegaron al punto de contar con voluntarios que repartían bebidas y comida a los concentrados", advierte, no sin pasar por alto que Jordi Sánchez, el presidente de la ANC, manifestó ante los concentrados: "El 1 de octubre votaremos, si nos quitan la urnas, las construiremos". "Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa".

En el relato de los hechos, el fiscal Carballo resalta que los registros finalizaron a las 22.00 horas, pero los agentes y la secretaria judicial no pudieron salir del edificio hasta dos horas después, al menos dos de ellos, ya el resto tuvo que permanecer en el interior hasta las 07.00 horas del día siguiente.

En este sentido, la denuncia destaca cómo esos dos agentes de la Guardia Civil intentaron salir por el Cinema Coliseum, edificio aledaño, pero los manifestantes se congregaron en las puertas del teatro e impidieron que lo hicieran. Es más, resalta como la Letrada de la Administración de Justicia -secretaria judicial- tuvo que salir ya de madrugada a través de la azotea del edificio, al impedir los manifestantes su salida por la puerta.

En cuanto al presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, el fiscal destaca que pidió que la movilización no se detuviera. "Subido a un coche de la Guardia Civil con Jordi Sánchez llamaron a la movilización permanente" a favor del referéndum y en contra de las actuaciones para impedirlo, según relata la denuncia.

Los hechos describen cómo tres vehículos oficiales de la Guardia Civil fueron atacados "por la muchedumbre, obligando a los agentes a refugiarse en el edificio de Hacienda". "La turba destrozó los tres vehículos oficiales", concluye el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, que señala también que "centenares de personas" lanzaron "objetos contundentes contra los Mossos".

Este delito contempla penas de prisión de ocho a 10 años de cárcel para las personas que indujeron o dirigieron la sedición, o aparecieron en ella como autores y de hasta 15 años si fueran personas con autoridad.