El proyecto del Gobierno de Andalucía para derivar pacientes de la atención primaria a los hospitales privados ha causado un gran malestar entre los sindicatos que participan en la mesa sectorial sanitaria. Estos interlocutores con la Consejería de Salud y quienes negocian los avances en esta materia, han criticado el "oscurantismo" del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ya que no se les ha informado nada durante las reuniones ni mesas técnicas de los últimos meses.
El proyecto de orden de la Junta de Andalucía que "actualiza" los precios por los servicios prestados por la sanidad privada, y amplía dichas prestaciones, incluye dos medidas sin precedentes. Por un lado, se permite legalmente que los médicos de clínicas privadas atiendan a pacientes en hospitales públicos y realicen pruebas y operaciones concertadas por la Junta -que hasta ahora se hacían en sus instalaciones-. Por otro lado, se incluye por primera vez la atención primaria en la cartera de servicios derivados a la sanidad privada.
Ninguna organización sindical, excepto CCOO, estaba al tanto de la existencia del borrador que la Junta de Andalucía había creado para homogeneizar los precios que Salud paga a la sanidad privada por derivar pacientes. Esto incluía la atención primaria en el catálogo de servicios que el SAS deriva a clínicas privadas. La Mesa Sectorial considera esto como una "privatización encubierta" de los servicios públicos.
Victorino Girela, portavoz de CSIF, considera "lamentable" que la Junta de Andalucía no considere a las organizaciones que representan a los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública andaluza. Por ello, exigirán explicaciones a Salud sobre el tema. UGT también comparte esta opinión y califica como "privatización" la propuesta realizada por el Gobierno andaluz con el borrador de conciertos entre la sanidad pública y privada. Esto se ve acrecentado con los aumentos presupuestarios y de derivaciones.
Los representantes del Sindicato Médico califican de "vergonzoso" que el SAS no haya compartido sus planes con todos los miembros de la mesa sectorial. No creen que esto lleve a nuevas protestas, pero se están desvinculando del acuerdo que evitó una huelga en primaria a finales de enero. Estas mismas voces ven una "batalla política" tras la filtración de Por Andalucía, ya que recuerdan que los acuerdos con la privada se realizaron durante los gobiernos regionales del PSOE. Según ellos, "es cierto que el borrador contempla esta concertación con la pública, pero además hay que tener en cuenta que la sanidad privada no tiene suficiente capacidad para absorber la excesiva demanda de los centros de salud".
SATSE critica la actitud de Salud. Su vocero José Sánchez, afirma que no están de acuerdo con la privatización de la asistencia primaria o especializada. Para ellos, que la sanidad pública sea gratuita es algo inamovible. Además, señalan que el gobierno tarda en llevar a cabo los cupos comprometidos. Por otra parte, José-Galindo Pelayo, portavoz de CCOO, acusa a la Junta de Andalucía por igualar los salarios entre médicos que trabajan solo en el ámbito público y los que lo hacen también en el privado, así como por el aumento gradual de la externalización de servicios sanitarios.
Los sindicatos de la mesa sectorial están esperando reunirse con sus representantes para tomar nuevas medidas que solucionen el problema asistencial y detengan los planes de "privatización". Esto llega tras más de medio año de retraso en los planes del Gobierno regional, ya que el 8 de julio del año pasado se inició la tramitación de la orden, tal y como indica la web de la consejería dirigida por Catalina García. CCOO supo que la Junta preparaba este proyecto, pero solo un día antes del plazo para presentar alegaciones lo descubrió "por casualidad" en agosto. El resto no sabían nada hasta ahora, 7 meses después de empezar su tramitación.
Junto al borrador de la orden, la consejería también ha publicado la lista de organizaciones que Salud ha consultado durante el trámite de audiencia de la norma: entre ellas se encuentran la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), además de dos organizaciones de consumidores: la Federación Andaluza.
FACUA y OCU son dos organizaciones de consumidores y usuarios.
El proyecto de orden contiene una tabla con los nuevos precios de los servicios, incluyendo la primera consulta en atención primaria, que hasta ahora no existía. Por lo tanto, la Junta abonará a los hospitales privados un máximo de 65 euros por derivar la primera visita al médico de familia. Según este documento, se trata de "consultas realizadas en las instalaciones de las empresas adjudicatarias".
Las tarifas se dividen en tres categorías: primera consulta con un especialista a 150 euros, consultas sucesivas a 90 euros y consulta en un centro de Alta Resolución a 215 euros. Si el médico de la privada atiende al paciente en un hospital público, en vez de hacerlo en su clínica, "esa tarifa máxima se verá reducida al 35%".
Antes de que Catalina García asumiera el cargo de consejera de Salud en lugar de Jesús Aguirre, ya se había iniciado el trámite para la orden, lo que muestra que el proyecto estaba en marcha desde hacía tiempo.
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El Gobierno de Andalucía no ha comunicado a los sindicatos su plan para incluir la sanidad privada hasta la atención primaria, lo cual ha causado molestia en la mesa sectorial. Esto se debe a que la relación entre ambas partes está más tensa que nunca, debido a que el Sindicato Médico amenazó con una huelga en enero, pero al final acordaron un "paripé" que fue rechazado por las demás secciones sindicales. Por otro lado, el Sindicato Médico de Primaria realizó un parón indefinido para denunciar el colapso asistencial de los centros de salud andaluces, sin embargo tuvo poca repercusión.
En las últimas semanas se han celebrado varias reuniones para diseñar un plan conjunto que mejore la atención en los ambulatorios andaluces, sin que se haya mencionado el borrador. El 9 de febrero tuvo lugar una reunión entre el SAS y los sindicatos con la intención de presentar propuestas para mejorar la asistencia sanitaria. Esta cita duró solo dos horas y sirvió para dar a conocer el borrador planteado por el Gobierno andaluz, que pretende reducir el cupo de pacientes que deben atender los médicos de familia, algo que es imposible sin una mayor contratación de personal.
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