Agentes de la Guardia Civil se han presentado esta mañana en la sede de Aigues de Girona Salt i Sarrià de Ter (Agissa).

El registro se engloba en la pieza separada del caso 3% que señala al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, durante su anterior etapa como alcalde de Girona, en un caso en el que el Juzgado numero 2 de Girona y la Fiscalía Anticorrupción, investiga el supuesto desvío de 10 millones de euros de esa empresa pública a una compañía privada. El dispositivo lo dirige, tras la denuncia de dos concejales de la CUP.

Sin embargo, la supuesta estafa millonaria habría comenzado a perpetrarse durante el mandato en ese municipio, del anterior alcalde del PSC,aunque según la Fiscalía elactual presidente catalán lo habría consentido. De hecho, Puigdemont fue presidente de la empresa mixta entre 2011 y 2013, según el Registro Mercantil. Luego, permaneció como consejero hasta 2016.

El supuesto fraude se recoge en un informe que Hacienda aportó al caso del 3% el pasado mes de marzo que considera que sus presuntos responsables se encontrarían en los gobiernos locales de los tres ayuntamientos a los que Agissa suministra el agua. Estos municipios son: Girona, Salt y Sarria de Ter. Cabe señalar que Agissa está en manos de esos tres municipios y de la empresa privada Girona SA, propiedad de Caixabank, FCC y Aguas de Barcelona.

Según se desprende del informe de Hacienda, Agissa habría falseado sus cuentas para favorecer a su socio mayoritario, Girona SA, que cuenta con el 80% de las acciones, con el conocimiento de los responsables municipales.

Recordemos que en esa época Puigdemont era el alcalde de Girona entre 2011 y 2016 por Convergència i Unió. También que las supuestas irregularidades se paralizaron en 2013, cuando comenzaron a salir en prensa. En total, se sospecha que la cantidad defraudada estaría en torno a los 10 millones de euros.

El sistema era un reparto del dividendo irregular. En lugar de que Girona SA y los tres ayuntamientos se repartieran los beneficios generados por su explotación, cobraban en función del margen bruto de negocio, es decir, de los ingresos que obtenía sin descontar los gastos que originaba la propia actividad de la compañía. Y la gran beneficiada era Girona SA, la empresa privada que acapara el 80% de las acciones. Así la empresa entró en perdidas mientras que si ese reparto de dividendos hubiera sido correcto, Agissa habría tenido beneficios.

A partir de ahí la compañía de aguas comenzó a acumular pérdidas. Así Hacienda considera que los principales perjudicados son los propios ciudadanos de los tres municipios que habrían podido gozar de una rebaja en el recibo del agua de no existir el fraude.

El fraude fue denunciado por dos concejales del ayntamiento de Girona, Lluc Salellas y Laia Pèlach-, los dos pertenecientes a la CUP, la formación socia de Puigdemont, en el referéndum independentista del 1-O.

Al parecer los contratos fraudulentos a las empresas Agissa y Girona SA sirvieron para financiar a CDC. Pero además del ayuntamiento, la Guardia Civil esta llevando a cabo al menos una decena de registros más en varias empresas ubicadas en varios municipios catalanes relacionadas con contratos fraudulentos en el suministro de agua y alcantarillado.

El encargado de la investigación es el juez del juzgado número 2 de Girona, Manuel Marcelo y la Fiscalía anticorrupción que sospecha que tras este asunto hay una posible financiación irregular a CDC a cambio de contratos públicos.

No es la primera vez que Puigdemont aparece relacionado con las comisiones que algunos empresarios pagaban a la antigua Convergencia de Artur Mas. El sumario del caso 3% incluye informes de la Fiscalía Anticorrupción y de la Guardia Civil que relacionan al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, con Oproler, una de las empresas de la trama investigada por pagar comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Según recoge este sumario, esta constructora llevó a cabo una estrategia para hacerse con contratos públicos del Ayuntamiento de Girona mientras Puigdemont estaba al frente. Prueba de ello son las fotografías encontradas durante el registro en las que aparece el delegado de la empresa Oproler, en Cataluña, Josep Manel Bassols, con Puigdemont en un partido de fútbol en el Camp Nou, el día 19 de febrero de 2012 cuando el Barcelona jugó contra el Valencia.

Al día siguiente Bassols envió un correo electrónico al presidente de la compañía, Sergio Lerma, para explicarle que había estado con Puigdemont y que esperaba "que les ayudase a entrar en el Ayuntamiento de Girona". La investigación no encontró sin embargo indicios de que Puigdemont intermediase en estas presuntas adjudicaciones. De hecho no hubo adjudicaciones a la empresa Oproler en Girona, tal es así que llegaron a presentarse a al concurso y no lo ganaron.