La Generalitad, in-ter-ve-ni-da.

El órdago de Oriol Junqueras ha tenido rapida respuesta por parte del Ejecutivo. La medida ha sido adoptada después de que este mismo jueves el conseller de Economía, le comunicase a Cristóbal Montoro, que dejaba de enviar los informes semanales sobre los gastos de la Generalitat.

Esta propuesta fue de inmediato rechazada por el Tribunal Supremo. Aún así, tras el Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro ha confirmado que el Estado se encargará de los gastos de la Generalitat de Catalunya para evitar la financiación del referéndum y para garantizar los servicios públicos como las nóminas, la sanidad, la educación y los gastos inherentes a los servicios sociales que la Generalitad presta a los catalanes, aunque el principal objetivo sea que el organismo autónomo pueda desviar dinero, según Montoro, " ni un solo euro para financiar una actividad ilegal".

Esta decisión incluye una apercibimiento al presidente de la Generalitat para que haga un acuerdo de no disponibilidad de gasto en relación con esas partidas. De no ser atendido, el Ministro de Hacienda le advierte que será él quien lo adopte.

Durante su comparecencia Montoro requirió a la Generalitat para que cumpla con su deber y le remita de inmediato la información a la que está obligada por ley. En la carta de respuesta del Gobierno, Montoro advertía de que, si no facilitan estos datos, se adoptarán "las medidas necesarias" para asegurar que la Generalitat las atienda. Recordemos que en este 2017, Cataluña recibe del Estado un total de 18.576 millones de euros a través del sistema de financiación, ello supone el 19% de lo que España reparte por este concepto, siendo por tanto el primer perceptor por encima incluso de Andalucía que cuenta con más población. La cuantía respecto al pasado año ha aumentado en un 6,2% es decir, Cataluña recibe 1.082 millones de euros más que en el año pasado.

Pero la Generalitat, lejos de amilanarse, ha sacado pecho asegurando que "la situación de tesorería es buena y que cuenta con recursos para pagar a proveedores y asumir los vencimientos de deuda al menos hasta final de año". Así las cosas y a la espera de acontecimientos, la campaña, legal para unos e ilegal para el resto ya ha comenzado con el acto independentista en el Tarraco Arena de Tarragona pese a la advertencia del Gobierno central de que puede incurrirse en un delito.

Con la plaza completamente llena se volvieron a escuchar gritos de 'Independència', 'Votarem', y 'Ballesteros dimissió', en alusión al alcalde socialista de la ciudad al que los independentistas presionan por negarse a colaborar con el referéndum cediendo locales municipales para la votación.

Por otro lado, otro que no deja indiferente a nadie es el fiscal general del Estado, José Manuel Maza quién ha lamentado la versión que se da desde el independentismo al sostener que el proceso y las leyes de ruptura están amparados por el derecho internacional. “hasta el punto de apelar a los derechos humanos y al derecho internacional”, “eso es rotundamente falso, les están engañando cuando dicen que tiene el más mínimo atisbo legal”, añadiendo que “hay miles de ciudadanos catalanes que están abducidos porque les están convenciendo de que no se preocupen, que lo que estan haciendo es legal y que tiene todas las bendiciones legales." " ¡No, no, no! Esto es un delito y es ilegal y deben saberlo todos los ciudadanos que vayan a votar"

Así, mismo el Fiscal General ha hecho una nueva advertencia al asegurar que el Ministerio Público investigará el acto de este jueves por la noche en Tarragona, sobre todo la posibilidad de que en su organización se haya podido incurrir en un posible delito de malversación de caudales públicos si se ha pagado con dinero público su organización. “Entraría dentro de elenco de actos constitutivos de malversación”. En cuanto a la actuación contra los alcaldes que se han mostrado partidarios de colaborar con el 1-O, señala que "citar a declarar a 712 dirigentes locales no tiene por qué no ser operativo. Depende de cómo se organice y del resultado de comparecencias”. “ Este apoyo cediendo locales para un referendum ilegal es favorecer un delito”. Por otro lado ha asegurado que la Fiscalía no está amenazando a los alcaldes: “Ni mucho menos. Les estamos citando y alguno de ellos puede ser conducido por oponerse a comparecer." “Es una consecuencia de la ley, y los alcaldes no van a tener un privilegio con respecto a cualquier otro ciudadano”. Y en cuanto al alcalde que participe cediendo locales para el referendum, ha señalado que " si participa en un delito de desobediencia o de malversación de caudales públicos. Si es un delito de malversación de caudales públicos, sería un delito castigado con hasta 8 años de prisión, aunque hay delitos de desobediencia y prevaricación, y en esos casos las penas son mas leves y no hay privación de libertad, aunque sí de inhabilitación, como ocurrió con Francesc Homs."

Y mientras tanto ayer Rajoy en un acto en un hotel de Barcelona, acompañado Por Maria Dolores de Cospedal y por Xavier Albiol, ante los miembros del Partido Popular catalán, aseguró que se mantendrá firme en la respuesta contra el referéndum de independencia convocado por la Generalitat para el próximo 1 de octubre, dejando una frase amenazadora: "Nos van a obligar a lo que no queremos llegar", reafirmándose además en que no le temblará el pulso y que "perseverará en la respuesta policial y judicial que ha dado hasta ahora a la iniciativa del Parlament catalán." "La Fiscalía y la justicia ha empezado a actuar y la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos, que son policía judicial. Todos ellos están a las órdenes de la Fiscalía y defenderán la ley", dijo felicitando a los cuerpos de seguridad por la labor que han llevado a cabo en territorio catalán. "Hay que felicitar a la Guardia Civil",dijo, "hoy se ha requisado más de 100.000 carteles de propaganda de la Generalitat cerca de aquí".

Rajoy sin embargo nada dijo sobre la carta que este viernes el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, le han enviado a él y al rey Felipe VI proponiendo una negociación sobre el referéndum."

En la carta solicitan “un llamamiento al diálogo para abordar de qué manera nos podemos poner de acuerdo para que los catalanes celebremos el referéndum. Un diálogo abierto y sin condiciones. Un diálogo político, desde la legitimidad que cada uno representa, para hacer posible lo que en democracia nunca es problema ni todavía menos un delito: escuchar la voz de la ciudadanía”.

En el escrito que ha llegado a medios internacionales como el Financial Times, los firmantes de la misma apuntan que “los conflictos políticos se resuelven, en los sistemas democráticos, a través de propuestas políticas que son consecuencia de negociaciones y de diálogo" y añaden que "entre Cataluña y el Estado español existe un evidente conflicto político que viene de lejos y que hemos intentado resolver con el máximo acuerdo". "Nuestra disposición al diálogo ha sido, es y será permanente, pese a que la Generalitat mantiene todos los preparativos para el referéndum y prevé la independencia exprés si gana el sí."