El Partido Popular escenificó ayer su guerra interna con un cruce de acusaciones y reproches públicos entre García Egea por parte de la dirección nacional e Isabel Díaz Ayuso.
En estos momentos la dirección del PP ya prepara un expediente disciplinario para eliminar a Isabel Díaz Ayuso que al margen de los buenos resultados se ha convertido en un problema para la continuidad de Pablo Casado al frente del PP.
En Génova 13 y la Puerta del Sol se libra una batalla fratricida entre los partidarios de la líder autonómica y los seguidores de la dirección general.
El supuesto trasfondo, una presunta contratación fraudulenta por parte del Ejecutivo madrileño y una supuesta investigación orquestada por la dirección nacional del partido como consecuencia del anuncio que realizó Díaz Ayuso en relación al Congreso regional del PP, en el que Ayuso espera ser investida presidenta del partido en la región.
Tras negar el espionaje, los argumentos que esgrimió ayer el Secretario General, Teodoro García Egea una hora después de la comparecencia de la presidenta madrileña, criticando la actuación de la dirección nacional del PP que según ella ordenó una investigación para determinar si existieron irregularidades en un contrato firmado por la Comunidad de Madrid, con la empresa de un amigo para la obtención de mascarillas y en la que intervino su hermano como mediador llevándose 280.000 euros de comisión, reprochó a Ayuso su actitud que calificó de "casi delictiva" al atacar de manera "cruel e injusta" a Pablo Casado y la dirección del partido, anunciando, "vamos a abrir un expediente informativo a Isabel Díaz Ayuso y nos reservamos las actuaciones oportunas".
Y mientras esto sucede Pablo Casado sigue sin dar la cara, algo que sí ha hecho Ayuso aclarando la reunión que mantuvo con Casado en la que este le habló del contrato en el que intervino su hermano y que Casado calificó de Ilegal.
"Pregunté a mi hermano que me confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente legal y que todo está regular, regulado ante Hacienda y declarado de esta operación", dijo ayer en su comparecencia la presidenta autonómica.
Sin embargo esta argumentación no parece suficiente y para PSOE, PODEMOS y Mas Madrid es necesaria una investigación por parte delos tribunales tras conocerse que el contrato se adjudicó a la empresa de un amigo de la presidenta madrileña donde actó como comisionista Tomás Díaz Ayuso quién habría obtenido como mediador 280.000 euros.
Si (
No(
