La Fiscalía de Granada ha pedido una condena de 27 años de cárcel para dos acusados de asesinar a un empresario en Calahonda.
Según consta en el escrito de acusación, el acusado inició una relación sentimental en 2013 con la exmujer de la víctima. La relación duró hasta febrero del 2019, cuando ella decidió poner fin a la misma.
Durante ese periodo el acusado convivió con los hijos menores de la mujer, siendo por este motivo que el acusado conocía los conflictos y procedimientos judiciales relativos a la guarda y custodia y pensión alimenticia de los menores, generándose en el ahora procesado "profunda animadversión" frente al exmarido.
El 5 de noviembre del 2019, según el Fiscal, el procesado se trasladó hasta Motril y durante varios días se hospedó en un albergue municipal, donde conoció y compartió habitación con el otro acusado surgiendo entre ellos "cierta relación de amistad y confianza".
En base a esa amistad se pusieron de acuerdo para viajar hasta Calahonda para cobrar una supuesta deuda de 5.000 euros.
Sin embargo no había tal deuda ya que el verdadero propósito era dar muerte al supuesto deudor, que era el exmarido de su expareja.
Una vez en Calahonda se dirigieron al domicilio de la víctima a la que maniataron con cable y le taparon la cabeza con la bolsa tras identificarse como agente del CNI.
El procesado relató al ahora fallecido que tanto su exmujer como hijos estaban secuestrados y que se encontraban en grave peligro, para lo que le pidió que entregase su coche y dinero para pagar la liberación de la familia, accediendo a darle las llaves del turismo. También le exigió la entrega del dinero, aunque la víctima mostró que solo tenía 400 euros en el banco.
El acusado decidió darle muerte y comenzó a golpearle la cabeza y el rostro con una lámpara mientras que el otro procesado comenzó a asestarle puñaladas con un cuchillo, así hasta 39, dos de ellas en el corazón.
Después de matrale se hicieron con un par de zapatos, un reloj Rolex y un teléfono móvil y se marcharon con el coche de la víctima dejando el cadáver en un descampado a unos 80 metros del edificio.
El asesino fue detenido en Irún tres semanas más tarde.
El Fiscal considera a los dos procesados presuntos autores de un delito de asesinato, por el que pide 22 años de cárcel para cada uno; y un delito de robo con violencia en casa habitada y con uso de arma, por el que pide cinco años más de cárcel a cada acusado.
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