Cuentan que allá por los años treinta del siglo pasado un asesor, al parecer muy preocupado por la situación en Nicaragua le contó al entonces Presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosvelt, los desmanes y los crímenes que estaba cometiendo el dictador nicaragüense Anastasio Somoza, que llegó al poder gracias a una intervención militar estadounidense. A los argumentos del consejero, Roosvelt respondió: «Somoza es un un hijo de p..., pero es nuestro hijo de p...»,
Así justificaba Roosveelt a su política de tolerancia y permisividad de un régimen no democrático, siempre y cuando le sirviera para favorecer sus intereses.
Esta anécdota me ha venido a la memoria a tenor de la situación que estas semanas estamos viviendo en la Región de Murcia como consecuencia del “desvío” de unos cientos de vacunas que el Gobierno de España entregó a la Comunidad Autónoma para que fuesen administradas en primer lugar entre los sanitarios de primera línea en la lucha contra el Covid y entre los mayores que viven en las residencias, pero sobre todo por la indignación que produce la manera en la que algunos pretenden justificar lo injustificable con la excusa de que “son los nuestros”.
Muchos son los escándalos y corruptelas que se han sucedido en nuestra región a lo largo de los años, de tal manera que nuestros gobernantes regionales ya parecen convencidos de que Murcia es un cortijo y ellos son los amos del mismo y por lo tanto pueden hacer lo que les venga en gana sin tener que dar explicaciones a nadie de lo que hacen y porqué lo hacen.
Si toda corruptela, venga de quien venga, es condenable, lo que está sucediendo en Murcia con el “asunto” de las vacunaciones indebidas y de las constantes evasivas por parte del PP para negarse dar a los murcianos las más que necesarias explicaciones para que todos podamos saber que ha ocurrido y sobre todo quien se ha beneficiado de lo que podríamos claramente llamar “robo de vacunas”, sobrepasa todos los límites imaginables de la moralidad y la ejemplaridad que cabe esperar de los gestores de la cosa pública que son además los que tienen la obligación de velar por la salud y la vida de todos los murcianos.
Pero más indignante que el grado de impunidad con el que han actuado algunos, es el que una parte de la sociedad parezca estar inmunizada contra estos hechos y los traten de justificar con argumentos tan simplistas como absurdos.
Nos encontramos ante una situación que va mucho mas allá de una simple corruptela económica o política. Estamos ante lo que podríamos denominar un robo que puede poner, y pone en serio riesgo la salud y la vida de personal sanitario y de personas mayores. Esto es del todo inaceptable, y no ya sólo como murcianos, sino como seres humanos no deberíamos tolerar de ninguna de las maneras, y mucho menos aceptar que quede impune. Se puede ser de derechas, de centro o de izquierdas, e incluso neutral, pero de ninguna de las maneras se pueden justificar unos hechos tan bochornosos.
Por ello, creo que por dignidad es obligación de cualquier persona que se sienta como tal, hacer todo lo posible para que los responsables del “desvío” de las vacunas, bien sea por acción los que materialmente han cometido los hechos, como por omisión los que tenían la obligación legal de velar por el estricto cumplimiento del protocolo establecido salgan inmediatamente y por la puerta de atrás de los órganos de gobierno y de representación política, eso sí después de que conozcamos sus nombres para que su acción no quede impune. Ello sin perjuicio de que la Justicia actúe contra quien tenga que actuar.
Estas gentes no pueden permanecer ni un minuto más en cargos de poder si queremos salvar nuestra dignidad como seres humanos.
Si (
No(
