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Entre la Independencia y el artículo 155

Entre la Independencia y el artículo 155

martes 29 de agosto de 2017, 08:10h

Iceta, ha dicho que los socialistas catalanes no participaran en el "Proceso". Albiol pide que se aplique el artículo 155. El ejército aún no se ha pronunciado.

Junts pel Sí y la CUP acuerdan aprobar la ley de desconexión antes del 1 de octubre y hasta esa desconexión habrá de andarse un camino que los independentistas llaman de" transición". Un camino que durará treinta y cinco días hasta esa hipotética votación que nadie sabe si se producirá y que de producirse solo tendrá un valor simbólico pero nunca efectivo. Sin embargo esto es algo aque alos independentistas le da igual, ellos ya han decidido de manera unilateral que Cataluña y España ya no son una misma cosa y que son dos paises limítrofes que se rozan pero que no duermen en una misma cama obligando a ser catalanes y robando la nacionalidad española a aquellos que no opinan igual.

Así lo han decidido y así ha sido. Ayer Junts pel Sí y la CUP presentaron conjuntamente la Ley de Transitorietat i Fundacional de la República catalana. Una ley que consta de 89 artículos y tres disposiciones finales, entre estas una suspensiva, por si gana el no, un sucedaneo de anteproyecto de Carta Magna que regulará jurídicamente Catalunya entre el 1 de ocubre, siempre que gane el sí y hasta el día que lleguen las elecciones constituyentes. Una ley que aprovechando la mayoría independentista en el Parlament se aprobará antes del primero de Octubre y donde grupos como PP, PSOE o Ciudadanos, que representan a la mitad de los catalanes, no votarán.

El PDeCAT y ERC en esa coalición de izquieras- derechas con la que han ido de la mano y que lleva por nombre Junts pel SÍ, a rebujo o empujados por la CUP, han dado finalmente el paso. Según ha explicado el presidente de JxSí, Lluís Corominas, y el portavoz de la CUP, Benet Salellas, acompañados de los diputados relatores del articulado Jordi Orobitg de JxSí y por Gabriela Serra de la CUP, "el Parlament no está legitimado para nada más que para describir el marco jurídico hasta la celebración de unas elecciones donde elegir un Parlament que redacte la Constitución.”Los que voten no, ya saben y conocen el marco jurídico que tendrán puesto que se celebrarán elecciones autonómicas; con esta ley los del sí ya saben lo que pasará”, ha remarcado Corominas en un ¿qué quieres comer? sopas o sopas. Por su parte, Salellas ha dicho "que el texto busca acabar con el procesismo, al día siguiente del referéndum. Así esta ley previene una disposición en caso que gane el ‘no’ la ley no entraría en vigor y entra en funcionamiento un capítulo para retormar la vía de las elecciones autonómicas, esto no es otra cosa que un paripé tras unas elecciones ilegales que no tendrán ningún valor jurídico y en las que al no contar con los votantes del NO, ganará el SI.

De esta manera lo que los independentistas han llamado "ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana", no es otra cosa que una norma encargada de regular la ruptura de Cataluña con el resto del Estado, si gana el 'sí' que vista como están las cosas con una oposición que no participará de este circo, no irá a votar.

Así del texto acordado por Junts pel Sí y la CUP se desprende que después de las elecciones constituyentes se celebrará un proceso participativo cuya duración será de seis meses durante los cuales se recabaran ideas para la redacción de la Constitución catalana. Luego será el Parlamento que salga y que tendrá por nombre Assemblea Constituyent, quien se encargará de redactar la propuesta de Constitución y el mismo que convocará un nuevo referéndum para que los catalanes ratifiquen la nueva Carta Magna. La Assemblea Constituent tendrá 135 diputados, ni uno más, ni uno menos de los que tiene ahora el Parlament.

La propuesta de Constitución tendrá que ser aprobada por tres quintas partes de la cámara, hoy aún autonómica, es decir por al menos 81 diputados en primera votación. De no conseguirse se iría a una segunda votación en la que a los independentistas les valdría con 68 diputados, es decir con la mayoría absoluta.

A partir de ahí Catalunya se constituye en una república de derecho, democrática y social, cuyo presidente, sería el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont que pasaría a ser el jefe del Estado catalán hasta la celebración de las elecciones constituyentes.

En principio, esta ley no exigirá a los ciudadanos de Cataluña la renuncia a la nacionalidad española, por lo que se establece la posibilidad de compaginar la nacionalidad catalana y la española, aunque deja claro que tendrán nacionalidad catalana todos aquellos ciudadanos de nacionalidad española que lleven dos años empadronados en Catalunya a fecha 31 de diciembre del 2016 y añade que la ley prevé que la Generalitat promueva negociaciones con el Gobierno español para elaborar un "tratado de nacionalidad".

En cuanto a la lengua oficial aclaran que durante el período de transición hasta las elecciones constituyentes mantendrían los mismos derechos lingüísticos el catalán, el castellano y el aranés y en cuanto al poder judicial, este estará en manos del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que pasará a llamarse Tribunal Supremo catalán, que se constituirá cinco días después de la entrada en vigor de la ley. Así se ha previsto que el fiscal general del Estado catalán lo nombre el Parlament, y no el Govern. La norma suprime además la jurisdicción militar y la sala de gobierno del Supremo será lo que actual mente es el Consejo General del Poder Judicial que estará integrada exclusivamente por jueces a diferencia del Consejo General del Poder Judicial . Una de las salas del Supremo será la Sala Superior de Garanties, equivalente al actual Tribunal Constitucional.

La ley decreta además una amnistía para todos aquellos que hayan sido condenados por causas relacionadas con el proceso de independencia, como es el caso del 'expresident' Artur Mas o los 'exconsellers' Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau. Pero según la CUP "no se amnistiará aquellos implicados en casos de corrupción".

Desde ese momento el Ejército español que aún no se ha pronunciado y cuyo papel en este asunto no debemos olvidar, pues puede intervenir en cualquier momento sin la autorización del gobierno, dejará de tener jurisdicción sobre Catalunya. Sin embargo la ley no establece la creación de unas nuevas fuerzas armadas, que quedará en el aire y a expensas de lo que se decida en el proceso participativo. De este modo, será el Estado catalán quien asuma el control efectivo de las fronteras nada más entrar en vigor de la norma.

En cuanto a los impuestos, la autoridad tributaria sería la Generalitat y las administraicones locales, desapareciendo la actual Agencia Tributaria.

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