En el mismo encuentro, el Ajema también reconoce que el proyecto de Presupuestos que está a debate en el Congreso “tampoco satisface sus necesidades” pese a que presenta un aumento del 4,6 por ciento para Defensa respecto a este año. López Calderón pone como ejemplo el sostenimiento de las capacidades con las que cuenta la Armada, que durante la última década se ha quedado en el 70 por ciento de lo considerado "mínimo imprescindible". Y con la dotación prevista para 2021 "va a seguir faltando".
El problema se ha acrecentado además, sigue diciendo el Ajema, durante los últimos años debido al método de reparto de los fondos, ya que la mayor parte de este presupuesto se incluye como parte del dinero destinado a operaciones en el exterior, que no se financian con el presupuesto del Ministerio de Defensa sino que llega a través de los fondos de contingencia. "Y eso no se sabe cuándo llega, se debe gastar el mismo año y no permite contratos plurianuales", explica el Ajema.
Esto, añade el máximo responsable operativo de la Armada, “llevará a tener que renunciar capacidades” en los próximos años si no mejora el presupuesto de las Fuerzas Armadas, y esa pérdida de capacidades “podría suponer también” la renuncia a alguna de las misiones que actualmente asume la Armada.
El Ajema cree que uno de los principales problemas es que “España no cuenta con una ley de financiación de las Fuerzas Armadas que permita una planificación a medio o largo plazo. La situación presupuestaria actual es bastante incierta", y más aún durante los últimos dos años que se ha contado con un presupuesto prorrogado.
Sin margen hasta 2028
Una parte importante del actual presupuesto de Defensa se lo llevan los planes especiales de armamento que se impulsaron a finales de los años 90 y que ocupan prácticamente todo el dinero destinado a nuevas inversiones.
El Ajema ha señalado que la previsión es que esta situación no se alivie hasta el año 2028 y a partir de entonces "la situación cambiaría" porque se podría redistribuir la dotación del Ministerio. El problema son por tanto “los próximos ocho o diez años”, concluye López Calderón.
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