Juan Gutiérrez Casillas, juez de instrucción número 16 de Sevilla, cita como investigadas a cinco personas, además de las 21 que ya estaban imputadas.
Entre los investigados que el juez ha incorporado a la causa están Salvador Cejudo, que fue jefe de la Oficina de Supervisión y Proyectos de la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Medio Rural y José Luis Sánchez Teruel, secretario general del PSOE en Almería y en aquel entonces, director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura.
El asunto que se investiga está relaccionado con el fraude que se produjo durante la puesta en marcha y modernización de las infraectructuras para riego en las marismas del Guadalquivir con canalizaciones de agua entre Dos Hermanas y Lebrija, proyecto con el que se pretendía la modernización de la margen izquierda del Guadalquivir muy reclamada por la Comunidad de Regantes cuyos sistemas de riego estaban obsoletos.
Durante la investigación que llevó a cabo la Guardia Civil, cuyo informe tiene el juez sobre la mesa hay un dato principal que pone en una situación más que comprometiva a Sánchez Teruel, este es, una llamada telefónica al presidente de los Regantes, en la que se le instó a dar por ganadora a la UTE Befesa-Alpi, a pesar de haber quedado tras el concurso en la decima posición.
Según fuentes de la investigación, el juez ha decidido citar como investigado a Sanchez Teruel después de que algunos testigos hayan coincidido en que, el que dio esas instrucciones podría haber sido él.
El importe de la obra era de 66 millones de euros , de los cuales la Junta ponía 40 millones mediante una subvención con cargo a los fondos europeos mientras que el resto debían aportarlo los agricultores que finalmente no pudieron desenbolsar el dinero
La Junta no obstante licitó el concurso a pesar de este inconveniente y del riesgo que conllevaba seguir adelante con el proyecto por la inseguridad de poder terminar las obras dado que los agricultores no tenían el dinero que debían poner.
Fue entonces cuando en esa carrera contra el crono, la UTE emitió una certificación falsa de cuatro millones de euros, certificación a la que según ellos en su declaración la Junta les instó, para poder justificar los fondos europeos y no perderlos.
Los investigadores han constatado que se ha justificado solo el 70% de las obras que llevaron a cabo por lo que cabe averiguar donde está el dinero restante que corresponde a ese 30% sin justificar y cuyo importe ronda los 20 millones de euros.