La destitución de María Antonia González Pavón, interventora general de la Junta de Andalucía, ha generado una gran controversia entre los auditores encargados de supervisar las cuentas públicas de la Junta. Este hecho ha reavivado un conflicto laboral que se había gestado meses atrás. Los auditores han denunciado que la Junta de Andalucía aprobó una Ley con el fin de manipular a su antojo al cuerpo de inspectores, sin proporcionarles personal adicional, medios ni recursos necesarios. Esta situación podría dificultar el ejercicio del control interno que les corresponde realizar. En noviembre, ya habían advertido sobre la posibilidad de ir a huelga; sin embargo, la Consejería de Hacienda logró evitarlo al prometer mejoras en las condiciones laborales que, según ellos, "no se han cumplido".
La situación presenta múltiples ramificaciones, y el despido de la interventora jefa ha sido el factor decisivo que ha intensificado la tensión entre la Junta y el organismo. La investigación judicial en curso contra el Gobierno de Moreno Bonilla, relacionada con presuntos delitos de prevaricación en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), sigue su curso. En la víspera de su destitución, González Pavón convocó a una reunión telemática a unos 50 supervisores de su equipo para explicarles las razones detrás de su cese, aprobado en el primer Consejo de Gobierno tras las festividades navideñas. Esta explicación contrasta con la versión ofrecida por la Consejería de Hacienda, liderada por Carolina España, que afirmó que González se retiraba por motivos personales y agotamiento. "Quería estar con sus nietos", afirmaron desde ese departamento. No obstante, durante la reunión, ella comunicó a los interventores que sus superiores la habían destituido debido a una "pérdida de confianza", según relataron algunos participantes.
Las fuentes mencionadas atribuyen la responsabilidad del cese a Amelia Martínez, quien ocupaba el cargo de viceconsejera de Hacienda antes que su actual titular. Se le acusa de haber "incumplido el compromiso de dotarles de recursos, medios y personal", así como de no haber cumplido con las mejoras salariales que habían sido prometidas.
La intervención general en España fue cesada, según se indicó, por "motivos personales". Además, se argumentó que la falta de información al respecto la semana pasada se debió a que "hubo muchos cambios de personal ese día".
También se destacó en España, en relación con el caso, que durante los cinco años en que María Jesús Montero lideró la Consejería de Hacienda, hubo tres interventores generales. Se insistió en la versión de que González Pavón se retira por razones personales, aunque ella sostiene lo opuesto. "Cuando alguien estima que quiere irse, ahí no podemos entrar", sentenció.
La situación que enfrenta Moreno Bonilla incluye varios problemas de manera simultánea debido a este cese. En primer lugar, González, quien elaboró el informe de actuación en 2022, denunció a la consejera de Hacienda un "fraccionamiento indebido y masivo" de contratos en el Servicio Andaluz de Salud, con el objetivo de eludir los requisitos establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público. En ese documento legal, la interventora instó al Gobierno andaluz a modificar su sistema de contratación directa, que consistía en dividir una partida millonaria en numerosos contratos menores a 15.000 euros para evadir la Ley de Contratos. Aunque la consejera de Hacienda recibió dicho informe, las recomendaciones no fueron atendidas por la Junta.