Entre los querellantes estan figuras destacadas, como el filósofo y escritor Santiago Alba Rico, así como los magistrados eméritos del Supremo Clemente Auger y José Antonio Martín Pallín. También se encuentran la periodista y traductora Pilar del Río, el jurista y exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, y el exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, José María Mena además de Miguel Mora, director de CTXT; el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo; el periodista, filósofo y escritor Josep Ramoneda; junto con los juristas y profesores de Derecho Constitucional Blanca Rodríguez Ruiz y Joaquín Urías; y finalmente, el abogado Eduardo Ranz.
Bajo la dirección letrada de José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, y Eduardo Ranz, abogado experto en Memoria Histórica, un grupo de intelectuales, exfiscales y exmagistrados han presentado una querella ante la Sala Segunda del Supremo una querella contra Juan Carlos de Borbón y Borbón, por la supuesta comisión de cinco delitos agravados contra la Hacienda Pública.
La querella contra el rey emérito se centra en la regularización de su situación fiscal durante 2020 y 2021, relacionada con diversas defraudaciones a la Hacienda Pública.
A pesar de esto, la Fiscalía aceptó dichas regularizaciones, que suman un total de cinco millones de euros, considerándolas "espontáneas".
A juicio de los querellantes, no se consideraron como tales, ya que fueron precedidas por el aviso de la Fiscalía sobre la iniciación de diligencias de investigación relacionadas con diversos casos de donaciones opacas, comisiones y ocultación de patrimonio en paraísos fiscales.
De acuerdo con el artículo 305.4 del Código Penal, si existe un aviso previo, las regularizaciones quedan automáticamente deshabilitadas para servir como freno ante un posible procedimiento penal.
El procedimiento judicial para determinar la existencia de un delito fiscal continúa su curso, lo que implica que el aviso anticipado del fiscal, del juez o de la Agencia Tributaria anula las regularizaciones voluntarias realizadas por los contribuyentes.
La Fiscalía del Tribunal Supremo, a través de un contundente decreto firmado por el fiscal jefe de Anticorrupción, Eduardo Luzón, el 2 de marzo de 2022, decidió archivar tres investigaciones contra Juan Carlos I.
Aunque se reconocieron posibles delitos como cohecho y blanqueo de capitales, esta decisión se basó en la prescripción de los mismos y en la inviolabilidad que disfrutó hasta su abdicación en junio de 2014. Además, se tuvo en cuenta las regularizaciones fiscales realizadas por el rey emérito, que sumaron un total de 5.074.295 euros, efectuadas el 9 de diciembre de 2020 y los días 2, 3 y 18 de febrero de 2021.
Asimismo denuncian los más de 600 millones de pesetas fueron entregados a Bárbara Rey en bolsas por parte del Estado, con el fin de resguardar a Juan Carlos I y piden "movidos por un interés general que las conductas de inequívoca relevancia penal, como las que se desprenden del decreto de la Fiscalía del Tribunal Supremo sean depuradas ante la Sala Segunda que es la competente para investigar a las personas aforadas como el rey emérito.
La querella se fundamenta en los informes elaborados por la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Supremo, que fusionaron las diligencias de investigación 17/2020 —relativas a los 65 millones de euros que Juan Carlos I habría recibido por la adjudicación, en octubre de 2011, de las obras del AVE a La Meca a empresas españolas— con las 40/2020. Estas últimas indagaron sobre las transferencias realizadas entre 2017 y 2018 por el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés Krause hacia la cuenta de un coronel, quien es considerado un presunto testaferro de Juan Carlos I. Las cantidades transferidas fueron utilizadas por él y algunos de sus nietos mediante 'tarjetas black' y persigue como objetivo "potenciar el valor superior de la Justicia y la igualdad ante la ley".
Los querellantes señalan que los delitos fiscales relacionados con las declaraciones tributarias del rey emérito entre 2014 y 2018 no han prescrito, ya que todavía se encuentran dentro del plazo de diez años antes de la prescripción. En cuanto al ejercicio correspondiente a 2014, también se considera que no ha prescrito, dado que "la comisión del delito se consuma en la fecha en la que finaliza la obligación de declarar, es decir el 1 de julio de 2015", lo que implica que la prescripción se alcanzaría en julio de 2025.
Se considera que los cinco delitos son agravados, ya que en ciertos ejercicios la cantidad defraudada excede los 600.000 euros. Además, en todos los casos se han empleado personas físicas o jurídicas para encubrir las sumas que se deben al fisco, tal como indica el artículo 305 bis del Código Penal.
Los querellantes solicitan a la Sala Segunda, que convoque a Juan Carlos de Borbón en su actual residencia en Abu Dabi o a través de su representante legal, el abogado Javier Sánchez-Junco, "para que el querellado preste declaración sobre los hechos contenidos en la querella"
Los firmantes de la querella señalan que, debido a la avanzada edad del rey emérito, no desean solicitar su encarcelamiento; sin embargo, sí piden "la multa máxima que se le pueda imponer".