Primera denuncia contra Carlos Mazón, presidente de la Generalitat valenciana, presentada por la Confederación General de Trabajo ante la Fiscalía Provincial de València.
El documento, denuncia que las autoridades valencianas desestimaron las repetidas advertencias emitidas tanto por la Agencia Estatal de Meteorología como por la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Estas entidades habían alertado sobre la probabilidad de lluvias torrenciales y el riesgo de desbordamiento del río Magro.
En la denuncia, CGT argumenta que Mazón, además de ignorar la previsión de la Aemet, la desautorizó de manera pública en redes sociales, afirmando que no había "ninguna alerta hidrológica". En numerosas ocasiones, subrayó que el riesgo era mínimo y no fue hasta después de las 20:00 cuando envió la alerta a los teléfonos móviles de los ciudadanos valencianos.
Una gran cantidad de trabajadores fallecieron debido a la tardía respuesta del gobierno autonómico del Partido Popular en València, según considera la CGT, después de una semana de la emergencia social y climática en el levante peninsular.
En diversas plataformas como X (anteriormente Twitter) y YouTube, se ha compartido que "las actuaciones negligentes por parte de la Generalitat Valenciana pusieron en peligro las vidas de miles de trabajadoras frente a la DANA que devastó localidades de las comarcas de l'Horta Sur, la Foia de Bunyol y de Utiel-Requena". Según sus declaraciones, enfatizan que "no se actuó correctamente" y aclaran que la denuncia "no implica a la entidad jurídica en sí, sino a la física", refiriéndose a Mazón.
La CGT ha reiterado que la querella tiene un carácter sindical, ya que sostienen que "los principales afectados fueron los trabajadores que tuvieron que acudir a su puesto de trabajo o que volvían de él" y argumentan que "se debió paralizar la actividad laboral". En particular, señalan la violación del artículo 316 del Código Penal, el cual establece que la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales "será castigada con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses".
Se refieren a "delitos contra la seguridad de trabajadores" y confían en que la Fiscalía "tome la denuncia", lo que permitiría que "todos los perjudicados se pudiesen personar en este procedimiento penal". Consideran que esta denuncia contra Mazón representa un primer paso en la imprescindible búsqueda de responsabilidades.