TRIBUNALES Y CORRUPCIÓN

Financiación ilegal, estafas y más: Lo que revela la denuncia contra Luis Alvise Pérez

Sábado 26 de octubre de 2024
El juez José Luis Calama admite la denuncia del empresario Álvaro Romillo contra el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por financiación ilegal de partidos. Se investiga un posible delito relacionado con 100.000 euros para su partido y actividades ilegales en Madeira Invest, permitiendo al denunciado preparar su defensa.

La denuncia presentada por el empresario investigado Álvaro Romillo contra el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez ha sido admitida por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.

Se le acusa de un delito de financiación ilegal de partidos políticos, ya que supuestamente recibió 100.000 euros para su partido 'Se acabó la Fiesta'.

El juez le ha ofrecido la oportunidad de declarar de forma voluntaria el 20 de noviembre.

El juez, en su auto, decide abrir una pieza separada que será independiente de la principal para investigar la supuesta estafa piramidal relacionada con Madeira Invest.

El magistrado señala en su auto que la conducta de Alvise Pérez, relacionada con la promoción de actividades supuestamente ilegales a través del entramado financiero creado en torno a Madeira Invest Club, podría llevar a que se le considere como cooperador necesario en el delito de estafa agravada.

La denuncia de Álvaro Romillo, que el juez ha incluido en su resolución, describe los diversos contactos que se llevaron a cabo con Alvise Pérez. El objetivo de estos encuentros era que el empresario pudiera promocionar sus servicios, y así el eurodiputado "podría financiar con seguridad y holgura su campaña sin persecución estatal".

Calama indica que los documentos que acompañan la denuncia otorgan verosimilitud a los hechos expuestos, lo que sugiere que podrían constituir un delito de financiación ilegal de partidos políticos. Además, señala que se cumplen los requisitos necesarios para la admisión a trámite y la realización de diligencias de investigación.

El juez también señala que la aceptación de una denuncia para su tramitación no implica, en este momento, un acto de imputación judicial. Sin embargo, esto sí permite al denunciado iniciar su defensa en el proceso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 118 de la LECrim. "Por el contrario, representa la apertura de un camino para la investigación judicial de unos hechos que son comunicados al órgano jurisdiccional por una o varias personas actuando como denunciantes y bajo su propia responsabilidad".


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