El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro del Partido Popular, Eduardo Zaplana, ha sido condenado a 10 años y cinco meses de prisión por su implicación en la trama de las ITV en el caso conocido como Erial. Ante esta situación, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado su ingreso inmediato en prisión.
La vistilla ha sido convocada por la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia para el 7 de noviembre a las 12.30 horas, con el fin de escuchar los argumentos de las partes y posteriormente decidir sobre la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, según informa laSexta.
La solicitud de ingreso en prisión por parte del Ministerio Público se debe a la gravedad de la condena, que supera los 10 años de cárcel y conlleva una indemnización de 25 millones. Además, el fiscal responsable del caso ha señalado un posible riesgo de fuga, lo que ha llevado a pedir su encarcelamiento, a pesar de que la decisión judicial aún no es definitiva.
El fiscal subraya en el texto que "con independencia de la motivación oral que en el acto de la comparecencia, la petición se funda en que los delitos por los que resulta condenado son todos ellos graves, asociados a la corrupción en el ejercicio de las más altas funciones públicas tanto en la Comunidad Valenciana como en el Gobierno". Además, se resalta que existe "un evidente interés social en que la sentencia sea cumplida, habiendo acreditado la sentencia la existencia de un patrimonio oculto en el extranjero".
Anticorrupción sostiene que existe una "evidente posibilidad económica para eludir la acción de la Justicia", además de señalar que se presentan "entramados societarios complejos" que permiten a individuos con conexiones y recursos económicos acceder a países, fiduciarios y entidades bancarias extranjeras, los cuales son inaccesibles para el ciudadano promedio.
Una semana después de que se conociera la sentencia emitida por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, el Ministerio Público ha presentado esta solicitud. En dicha sentencia, Zaplana fue condenado a prisión al comprobarse que recibió comisiones por la adjudicación de estaciones de ITV en la Comunidad Valenciana entre 1997 y 2003. Estas comisiones fueron canalizadas mediante una compleja estructura societaria que abarca tanto España como países como Panamá o Luxemburgo, además de incluir cuentas en Andorra. El tribunal lo declara responsable de los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales.