Hace unos meses, la Fiscalía autonómica de Madrid presentó el 7 de febrero una denuncia contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso y otras cinco personas por un delito de fraude tributario y otro de falsedad documental mercantil. Esta acción se llevó a cabo tras una extensa investigación que comenzó cuando Hacienda identificó movimientos sospechosos en las empresas de González Amador, quien es acusado de haber defraudado cientos de miles de euros.
Ayuso fue la primera en reaccionar, denunciando que se trataba de "una inspección fiscal salvaje" dirigida contra su pareja con el objetivo de "desestabilizarla".
El gran bulo fue difundido por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Según este personaje el Ministerio Público había ofrecido un pacto de conformidad a González Amador, pero no era cierto, era tan solo un bulo de los muchos a los que nos tiene acostumbrados.
'El Mundo' replicó esta información demostrando que era falsa. Para ello publicór un correo electrónico que el fiscal especializado en delitos económicos, Julián Salto, envió al abogado del novio de Ayuso, Carlos Neira.
Salto responde: "no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible" el que se "haya denunciado a otras personas".
Fue por tanto el abogado de González Amador quien admitió en un correo electrónico enviado a la Fiscalía de Madrid la comisión de dos delitos por parte de su cliente y propuso un acuerdo al Ministerio Público.
Ante la falsedad emitida por Miguel Angel Rodriguez, la Fiscalía de Madrid se en la obligación de aclarar la verdad y emitir un comunicado donde se hace un resumen de los acontecimientos desde el 23 de enero, cuando la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid inicia diligencias sobre el caso tras recibir una denuncia por parte de la Agencia Tributaria, hasta el 12 de marzo.
El documento subraya que "el fiscal encargado del asunto remitió la denuncia por correo electrónico al letrado del González Amador 'para facilitarle el derecho de defensa'" en esa ocasión. Además, en este mensaje, Salto enfatiza que "la existencia de otras personas denunciadas en este procedimiento no constituye un obstáculo para que se pudiera alcanzar una conformidad penal".
Días después se pone en marcha la maquina del fango apoyada por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) que anunció que presentaría una denuncia contra la Fiscalía por delitos relacionados con la violación del secreto y la inviolabilidad en la custodia del documento.
Posteriormente, González Amador también decidió querellarse contra el Ministerio Público ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El magistrado Francisco José Goyena del TSJM, la remite al Tribunal Supremo al tratarse del fiscal general del Estado, eso sí opinando el magistrado que la información proporcionada "excedía" lo que habían divulgado los medios de comunicación.
El Tribunal Supremo ha admitido por unanimidad la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, así como de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández a pesar de que determina que la difusión de la nota de prensa y su contenido no constituyen ningún delito, ya que "no hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos".