Pedro Sánchez mueve ficha contra el juez Juan Carlos Peinado, quien está a cargo de la investigación que involucra a su esposa, Begoña Gómez, en relación con presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios que la UCO en dos informes emitidos al juez, no ve. Se trata de una querella por un supuesto delito de prevaricación, querella que según varios juristas sentará al hasta hoy acusador en el banquillo de los acusados.
Este martes, Sánchez ha ejercido su derecho a no declarar durante la declaración testimonial que Peinado se ha empeñado en realizar en Moncloa.
En la denuncia presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la Abogacía General del Estado critica la "delimitación tan abstracta" realizada por el juez Peinado en la investigación que lleva a cabo contra Gómez, así como la "injusticia" de diversas decisiones tomadas por el instructor.
Según la abogacía del estado Peinado infringe la normativa y despoja a quien ejerce la Presidencia de uno de los poderes del Estado de las 27 garantías proporcionadas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1882, sin que se haya presentado una explicación alternativa, ya sea manifestada o manifiesta".
De acuerdo con la denuncia, el juez Peinado carece de "un mínimo indicio" que "soporte" las diligencias que ha decidido, y su "conjetura" provoca un "descrédito gratuito" que "deprestigia" la Presidencia del Gobierno.
De este modo, el tribunal es solicitado para que obtenga copias autenticadas de las resoluciones emitidas por el juez Peinado en el conocido 'caso Begoña Gómez'. Además, se pide que se convoque a declarar al magistrado Carlos Valle, quien dictó la providencia que rechazó la solicitud de Sánchez de comparecer por escrito, en sustitución de Peinado.