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seguridad juridica

Andalucía exige claridad y seguridad en la reforma del Reglamento de Costas

06/05/2026@17:29:31

Andalucía ha solicitado al Gobierno de España garantizar la transparencia, la lealtad institucional y la seguridad jurídica en la modificación del Reglamento General de Costas. Durante su intervención en el Senado, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, destacó la importancia de proteger el litoral andaluz, que abarca más de 1.100 kilómetros de costa y afecta a numerosas comunidades. García subrayó que cualquier cambio normativo debe basarse en criterios sólidos y técnicos, especialmente ante los desafíos ambientales actuales como la erosión costera y el cambio climático. Además, enfatizó la necesidad de asegurar un marco legal claro para evitar conflictos entre ciudadanos y sectores económicos relacionados con el litoral. La consejera abogó por un diálogo constructivo entre administraciones para abordar estas modificaciones sin comprometer la protección del medio ambiente ni las competencias autonómicas.

Buruaga reafirma la continuidad del proyecto La Pasiega tras fallo del TSJC

La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado que la hoja de ruta para el proyecto de La Pasiega se mantiene a pesar de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que declara que el Plan Sectorial de Infraestructuras (PSIR) no está vigente. Esta decisión se basa en la falta de publicación íntegra del PSIR en el Boletín Oficial de Cantabria tras su aprobación en abril de 2022. Buruaga ha asegurado que las obras en curso continúan sin alteraciones y que el Gobierno está evaluando acciones legales para asegurar la validez del PSIR y proteger el desarrollo del proyecto. La presidenta también destacó la contradicción entre esta sentencia y una anterior del mismo tribunal, lo que complica aún más la situación jurídica.

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Aragón se retira del programa de auxiliares de conversación por falta de garantías del Ministerio de Educación

El Gobierno de Aragón ha anunciado su intención de renunciar al programa estatal de auxiliares de conversación debido a la falta de seguridad jurídica por parte del Ministerio de Educación. Esta decisión surge tras sanciones impuestas por el Ministerio de Trabajo a las Comunidades Autónomas, incluyendo Aragón, por aplicar condiciones del programa educativo. Actualmente, 101 auxiliares extranjeros están trabajando en centros educativos aragoneses, pero el Ejecutivo exige una coordinación efectiva entre los ministerios para garantizar la continuidad del programa. Sin garantías claras, Aragón podría verse obligado a abandonar esta iniciativa que ha beneficiado a los estudiantes en el aprendizaje de idiomas y la diversidad cultural durante más de dos décadas.