Los hechos se produjeron en la localidad de Úbeda en septiembre de 2018.
La víctima y madre de dos niñas, mantenía una relacción con su verdugo con el que había tenidos otros dos hijos.
Según el relato la relación de la pareja no era nada buena ya que desde el primer momento, el varón se dedicó a controlar a María de los Ángeles, impidiéndole que pudiera disponer de dinero, para de esta manera limitar sus gastos e independencia.
El fiscal relata en su escrito de acusación que nole permitía trabajar, que eran muchas las palizas que le dio delante de los hijos, que hubo amenazas de muerte e innumerables humillaciones, que un día en el que la dejó encerrada en un chalet junto a tres de sus hijas menores de edad.
Asimismo dice el ministerio fiscal que " la víctima nunca acudió al médico por miedo a las represalias y advertencias del acusado".
El 12 de noviembre de 2016, María de los Ángeles presentó denuncia contra el acusado por malos tratos, pero la responsable del Juzgado de Instrucción número 1 de Úbeda acordó el sobreseimiento provisional por falta de pruebas.
Ante el sobreseimimiento, la mujer tuvo miedo y abandonó Úbeda para trasladarse a la localidad sevillana de Arahal.
Una vez allí el acusado donde no dejó de presionarla y de advertirla tal y como ha quedado demostrado en numerosos mensajes, donde le pedía que regresara, prometiéndole que ya no le volvería a pegar.
En los mensajes, el acusado también reconoce que obligó a su hija a presentar una denuncia falsa contra ella que conllevó una orden de alejamiento respecto a sus tres hijos.
En enero de 2018, la víctima decidió volver para así poder estar junto a sus hijos.
Sin embargo su verdugo no cumplió lo prometido y continuó humillándola y haciéndole la vida imposible. Ocho meses después de su regreso Maria de los Angeles comenzó a trabajar en un bar y la situación se volvió aun peor.
El desenlace estaba escrito. María de los ángeles murió a manos de su pareja.
La Fiscalía acusa al varón de un delito de asesinato, otro de maltrato habitual, dos delitos de amenazas y uno de coacciones, con el agravante de parentesco y género.
Asimismo reclama 400.000 euros de indemnización para los cuatro hijos de la víctima una de los cuales, hija del primer matrimonio de la víctima, presuntamente agredida sexualmente desde los siete a los quince años y a la que su padrastro amenazaba "con matar a su madre si contaba algo de lo que estaba ocurriendo".
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