Está claro que cada territorio conoce minuciosamente el problema sanitario propio y que desean lo mejor para sus conciudadanos pero recordemos que desde hace seis meses han fallecido más de 46.000 personas y 769.188 contagios, y aquí parece que no sucede nada. Lo ocurrido ayer en el Consejo Interterritorial de Salud, donde todos estaban obligados a orillar la contienda política para afrontar la emergencia sanitaria pone de manifiesto la poca altura de miras de la clase. Nuestros gobernantes junto a la Oposición están demostrando su incapacidad para ofrecer certidumbres y soluciones y no embarcarse en luchas cainitas con posturas divergentes que solo sirven para alimentar la desafección ciudadana.
Con el dudoso argumento de salvar la economía se está deteriorando la salud y el precio final a pagar será más caro tanto en vidas humanas como en dinero a medio plazo. Entiendo que Casado, en su empeño por salvar a su presidenta madrileña, está haciendo un flaco servicio a España. Y a todo esto pregunto: ¿Qué opina la Señora Arrimadas? ¿Será capaz ahora de dar luz verde a su compañero Ignacio Aguado, todavía Vicepresidente de Madrid para respaldar una moción de censura que desaloje a la vigente inquilina de la antigua Casa de Correos de Madrid?
El Gobierno de España dará vía libre a la decisión colegiada adoptada ayer mediante una Orden Ministerial firmada por Salvador Illa, acuerdo que debe ser de aplicación por todas las Comunidades Autónomas, entre ellas Madrid, la más afectada por esta nueva orden. Sin embargo, el Consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero considera “ilegal” el acuerdo alcanzado al no tener “validez jurídica” y adelanta que “no tiene intención de aplicar las restricciones planteadas por el Ministro de Sanidad” y adelanta que si el BOE publica la orden “se valorará desde la Abogacía del Estado” las medidas a tomar.
En definitiva, un choque de trenes político entre Gobierno de España y la Comunidad de Madrid mientras que el virus sigue campando a sus anchas.
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