La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, ha defendido la presencialidad en la vuelta a las aulas, pero con garantías de seguridad y cumpliendo la distancia social requerida, para lo que ha abogado incluso por “establecer escuelas o aulas de campaña, utilizando para ello espacios municipales, como podrían ser pabellones deportivos o centros cívicos y centros de día, o de cualquier otra administración pública, cuando sea necesario”. “Al igual que se montaron hospitales de campaña en el pico de la crisis sanitaria, ¿por qué no se van a montar aulas de campaña si se necesitan para preservar la seguridad de profesorado y alumnado?”.
Así lo ha manifestado el Sector de Educación de CSIF, tras la reunión de la Mesa Sectorial de Educación, en la que la Administración educativa ha realizado planteamientos generales en relación al inicio de curso, sin que se haya cerrado la negociación.
“Hemos expresado nuestro escepticismo ante los criterios que avalan que haya 25 o 30 alumnos por clase y hemos exigido que en la vuelta a las aulas se adopten todas las medidas y recursos para que se ofrezcan las máximas garantías de seguridad”, ha indicado el sindicato, que ha subrayado que “para que se preserve la necesaria distancia social tiene que haber incremento de plantillas”.
El sindicato ha insistido en “la necesidad de que se aumente el profesorado para reducir el número de alumnos y alumnas por aula, así como que haya presencia de personal sanitario en los centros educativos con dedicación exclusiva, además de un incremento del personal de administración y servicios (PAS) y del personal de limpieza, porque hay que extremar la higiene y desinfección”.
Posponer el inicio de curso si fuese necesario
CSIF ha considerado que “las medidas a adoptar en los centros educativos ante la situación actual de la pandemia deben funcionar como un reloj suizo, por lo que, si en la fecha que está previsto que comience el curso escolar no están todas ellas implementadas, desde CSIF apoyaríamos que se pospusiera el comienzo del curso unas semanas si fuese necesario”.
Asimismo, la central sindical ha expresado la necesidad de incrementar los gastos de funcionamiento de los centros para hacer frente a las posibles contingencias que seguro van a surgir ante un curso escolar muy complicado, y ha demandado igualmente “que se propicie la máxima coordinación entre la Administración autonómica con las administraciones locales y con el resto de administraciones públicas”.
El nombramiento del coordinador COVID de cada centro educativo tendrá que ser comunicado antes de las 11.00 horas del día 1 de septiembre, según ha comunicado la Junta, que impartirá un curso on line a partir del día 2 para dotarlos de las herramientas necesarias para su función.
Test a los docentes
Respecto a los tests rápidos con resultados inmediatos para el personal docente, se harán entre el 1 y el 4 de septiembre para el profesorado de Infantil y Primaria y entre el 7 y 10 para el profesorado del resto de niveles educativos. Las personas que den positivo se les hará la prueba PCR; si esta última es también positiva, se realizará el periodo de cuarentena.
La Administración se ha comprometido a continuar profundizando en la negociación, aplazándose para una próxima mesa sectorial en la que se aborden cuestiones tales como un plan de acogida durante los primeros días del curso que suponga flexibilidad horaria durante los primeros días de inicio de curso, según ha explicado la presidenta del Sector de Educación de CSIF.
El debate sobre la semipresencialidad en determinadas etapas sigue abierto
La Consejería también se ha comprometido a estudiar un aumento de gastos para las corporaciones locales para mejorar la limpieza y desinfección de los centros educativos circunscritos a su competencia, que CSIF exige que se concreten en partidas finalistas para ello. Además, otro de los temas sobre los que el debate sigue abierto es la adopción de la enseñanza semipresencial en determinadas etapas y niveles educativos.
CSIF, consciente de la complejidad de la situación, “se mantiene abierta a una negociación real y efectiva que sirva para mejorar las condiciones de incorporación de toda la comunidad educativa”. “Demandamos medidas y decisiones que despejen la incertidumbre que vive el profesorado, las familias y el conjunto de la comunidad educativa. Decisiones que, desde el sentido común, sirvan para afrontar la difícil situación a la que nos enfrentamos con las mayores garantías posibles”, ha concluido.
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