Los hechos son tozudos y como muestra varios botones. Por ejemplo, la prohibición de fumar en la calle o los horarios de cierre del ocio nocturno son medidas aprobadas unánimemente por los Consejeros de Sanidad y el Gobierno de España, pero aplicadas cada una de ellas de forma distinta en cada territorio. Vamos, como para volverse locos administradores y administrados.
Sirva también para reforzar esta opinión que el Ejecutivo castellano-manchego dirigido por García-Page ha aprobado medidas complementarias más coercitivas con la higiene personal o los horarios, y no digamos Madrid con su Presidenta Díaz Ayuso, enfrentándose a desautorizaciones judiciales para prohibir fumar en la vía pública. Más incongruencias.
Con el antedicho cóctel de normativas distintas y distantes nos encontramos ante un enorme caudal de incertidumbre y desinformación, conceptos ambos que por sí solos constituyen una bomba de relojería, a lo que se une la existencia de un auténtico desconcierto para alumnos, padres y docentes que en breves días tendrán que regresar a las aulas.
Por tanto puede deducirse que cada comunidad irá a su aire a la hora de organizar el regreso a colegios y universidades, sin que en este momento exista un plan de ordenación que sirva como hoja de ruta a seguir. Alguien recordará que los gobiernos autonómicos elaboraron borradores cuando se levantó el estado de alarma y se entró en lo que denominó Pedro Sánchez “la nueva normalidad”, aunque tales borradores han perdido vigencia porque todos fueron elaborados al amparo de que la pandemia estaba bajo control y solo habría que hacer frente a rebrotes aislados, nada más alejado de la cruda realidad que nos asola en estas últimas semanas.
La Educación es prioritaria para España y ello implica una calidad docente exigente, además de contar con un excelente bloque humano preparado para tal fin. Resulta obvio que existe un problema no menos importante que los ya referidos. Se trata de los padres, que si regresan a sus trabajos habituales, y sus hijos no, muchas familias se enfrentarán a un grave problema. Y no olvidemos a los docentes, quejosos ante la situación, pues no solo se juegan su seguridad y la de sus familias, sino que deben estar preparados para rediseñar el curso según la manera en que se deba impartir. Un auténtico marrón, sin duda.
Por su parte, el sector privado ha sabido adaptarse rápida y eficazmente a las circunstancias. En estos meses de pandemia, las universidades privadas han preparado diferentes planes que incluyen posibles escenarios en Septiembre y han reciclado a sus cuadros profesorales. Sin embargo, la enseñanza pública universitaria se ha tomado con calma la situación y le queda pendiente superar el virus. Si no reacciona a tiempo quedará atrás, con el consiguiente desgaste que ello conlleva y que obligará a que el Gobierno actúe, que sea más transparente y que realice previsiones realistas. El sistema universitario necesita un mando único estatal, se hace urgente el diseño del inicio del curso y la garantía de los estándares de calidad.
Dos cursos en la vida de un estudiante de grado es la mitad de su formación académica. Sánchez por fin ha abandonado su descanso, pero lo ha hecho como todo, tarde en acción y lento en reacción, lo que inevitablemente conduce a pensar que nos enfrentamos a una deriva de la política a todos los niveles.
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