“Juan Carlos I se podría beneficiar de una inmunidad funcional cuando era Rey, pero esta inmunidad está ligada a su función de agente público del Estado y no se aplica en lo que respeta a la persona privada “, aclara.
“Además la inmunidad no se aplicaría de oficio en caso de acciones ulteriores de blanqueo de dinero “, y añade : "para ello será importante que las investigaciones analicen todos los hechos y el periodos a los que hacen referencia".
Explica el profesor que la tesis en España es que el rey emérito es inviolable mientras era monarca, también en los asuntos personales, y en este sentido recoge declaraciones del abogado Ignasi Guardans . “El criterio que prevalece entre los juristas españoles es que Juan Carlos no puede ser perseguido por delitos que daten de antes de junio de 2014”, indica, aludiendo a cuando el monarca abdicó. “Sin embargo, es posible que algunos delitos continuaran después de la junta de 2014. Por tanto, la cuestión de la apertura de un juicio contra Juan Carlos sigue abierta. El rey emérito dijo que abandona el país, pero ha dejado claro que sigue estando a disposición judicial “, apunta el abogado. Según Guardans,
Swissinfo el medio en el que ha hecho estas declaracione explica que tanto España como Suiza han enviado solicitudes de asistencia legal mutua, y que finalmente las dos fiscalías habrían llegado a un acuerdo repartiéndose la investigación. La fiscalía española se centra en Juan Carlos y los empresarios vinculados a los contratos de Arabia Saudita, y los suizos analizan las otras partes implicadas: Corinna Larsen, el abogado de Juan Carlos en Ginebra y el jefe de la compañía financiera Ródano Gestion.
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