Editorial: La situación es de casi 42.000 contagiados, 2.937 fallecidos y 3.794 dados de alta, el gobierno desbordado por la herencia sanitaria recibida y el PP echando más leña al fuego

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miércoles 25 de marzo de 2020, 11:55h
Editorial: La situación es de casi 42.000 contagiados, 2.937 fallecidos y 3.794 dados de alta, el gobierno desbordado por la herencia sanitaria recibida y el PP echando más leña al fuego

El Congreso debate este miércoles la ampliación del estado de alarma y aunque al PP no le queda más remedio que votar a favor, buscará seguir intentando desgastar del ejecutivo, culpándole de la pandemia pero sin echar la vista atrás y entonar un mea culpa por la desastrosa gestión sanitaria durante los años en los que gobernó.

Editorial: La situación es de casi 42.000 contagiados, 2.937 fallecidos y 3.794 dados de alta, el gobierno desbordado por la herencia sanitaria recibida y el PP echando más leña al fuego

Al margen de las críticas de la oposición irresponsable y de los datos del último balance de Sanidad el Gobierno espera que a finales de semana se empiecen a notar los efectos del aislamiento.

Un dato esperanzador son las 3.800 personas que han recibido el alta.

Quienes están en el día a día de esta crisis sanitaria aseguran que el gobierno se está dejando la piel.

Este miércoles, el Congreso debate la ampliación del estado de alarma que PP, Ciudadanos y Vox se verán obligados a apoyar aunque no sin utilizar la crisis sanitaria para intentar el desgaste de Pedro Sánchez, demostrando una vez más que por encima de la catastrófica situación, está su objetivo de desbancar al PSOE, escondiendo , eso sí, el retroceso vivido por la Sanidad Pública en España después del triunfo electoral del Partido Popular en 2011.

¿Han sido los recortes, el deterioro, el desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública que llevó a cabo el PP los culpables de la actual situación?

Sin duda alguna que ha sido así y que la falta de medios, de camas y de personal y por consiguiente muchas de las muertes que se están produciendo son achacables a la nefasta política sanitaria llevada a cabo por los gobiernos de Rajoy y de Aznar, cuya privatización no pudieron culminar , por el amplio rechazo social y profesional que se produjo casi desde el primer momento.

Conviene recordar que durante estos años se han producido las mayores movilizaciones conocidas en defensa de la Sanidad Pública, movilizaciones que se extendieron por toda la geografía nacional.

Recordaba Cesida y la Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública allá por 2015, la política de recortes de gasto social, especialmente en sanidad, el intento de aprovechar la crisis económica provocada por la especulación bancaria y la burbuja inmobiliaria para desmontar una de las patas del estado del bienestar, la Sanidad Pública.

Ya entonces acusaba al gobierno conservador de aumentar las medidas restrictivas sobre el gasto en bienestar social y en sanidad y advertían que los riesgos más importantes para la salud dependen de la evolución negativa de los determinantes sociales, entre los que destaca el paro y la gran proporción de personas en riesgo de pobreza.

Denunciaba que las desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios habían aumentado como muestra la disminución de la frecuentación de los servicios sanitarios y la retirada de medicamentos prescritos con receta pública.

Aseguraba que el modelo de financiación y las diferencias en los recorte del gasto sanitario público estaban incrementando las desigualdades sanitarias territoriales tensionando el sistema.

El alcance real de los recortes era ya entonces cifrado entre 13 y 20.000 millones, cifra que durante el gobierno de Rajoy y hasta llegar Pedro Sánchez al gobierno fue aumentando exponencialmente.

Y sin embargo A PESAR DE TODOS LOS RECORTES DE GASTO, LA DEUDA SANITARIA SIGUIÓ AVANZANDO debido a que el PP dejó la sanidad en manos de los lobbys que gestionan las empresas sanitarias que consiguieron incrementar sus beneficios a costa del Gasto Sanitario Público mientras en apariencia se recortaba por la crisis económica, afectando a profesionales y pacientes.

Los mecanismos extraordinarios de financiación creados por el gobierno de España, de Rajoy y Montoro (Fondo proveedores y Fondo de liquidez financiera) aportaron 26.172 millones de euros de dinero público entre 2012 y 2013. El dinero se destinó a pagar las facturas sanitarias guardadas en los cajones de las CCAA, esencialmente de medicamentos y tecnologías, pero la deuda seguía creciendo. En solo los 5 primeros meses de 2015 las autonomías generaron una deuda con los proveedores sanitarios de 6.309 millones de euros, entonces comenzaron a llegar los recortes son para los profesionales y se instauró el copago mientras las listas de espera seguían aumentando.

Los préstamos que Montoro adquirió termiaron ya su periodo de carencia y comenzaron a recaer en el gobierno socialista y así los compromisos adquiridos por la construcción de los hospitales realizados mediante la denominada “colaboración público- privada” basada en cuentas irreales y el desplazamiento de pagos a ejercicios siguientes.

Cico años atrás ya se advirtió que esta política era errónea ya que ponía en grave riesgo la Sanidad Pública futura, es decir la actual.

Hubo quien calificó dicha política sanitaria commo: " Pan para las empresas hoy, y hambre para los enfermos mañana." Sin duda no se equivocó.

El despropósito fue tal que la Comisión Europea puso a España una multa por manipular y falsear las estadísticas de déficit público y la deuda sanitaria de la Comunidad Valenciana.

La sanción, por negligencia grave, fue la primera multa europea por falsear el déficit. El informe de la Comisión indicaba que la Comunidad Valenciana gobernada por el PP manipuló de forma sistemática sus estadísticas oficiales durante más de 20 años, minusvalorando el gasto sanitario para ocultar el déficit real ocasionado por la financiación y construcción y gestión de los hospitales de Alzira, Torrevieja, Dénia, Manises y Elche y el servicio de Resonancia Magnética.

La táctica utilizada por el Gobierno Valenciano fue trasladar a futuros ejercicios económicos los gastos de la atención sanitaria. Solamente en el presupuesto de 2007 se relegó el pago de casi cuatro mil millones de euros al futuro (2015) mientras que en el 2008, cuando se produjo un salto espectacular al trasladar a futuros gobiernos pagos por valor de más de seis mil quinientos millones de euros. En Valencia el déficit declarado, de un 3,68 % del PIB supone unos 3.600 millones de euros, fue elevado por el Ministerio de Hacienda hasta el 4,5 %. El responsable de la intervención general valenciana atribuyo los problemas del agujero económico de la Comunidad (unos 1.800 millones de euros) a la Consejería de Sanidad.

Otras comunidades gobernadas por el PP siguieron los pasos de la Comunidad Valenciana.

Hay que recordar que PP aprobó a traves de un Real Decreto introdujo el Copago farmacéutico para los pensionistas y puso fin de la Universalidad de la asistencia al vincular el derecho a la asistencia sanitaria con el aseguramiento y por ello excluir de la sanidad pública a inmigrantes sin papeles y personas con estancias en el extranjero superiores a 90 días que no conseguió ningún ahorro económico pero sí crear el caos y la confusión entre los diferentes servicios de salud autonómicos en su aplicación práctica.

Los copagos y retiradas de la financiación pública de medicamentos han trasladado gasto sanitario público a gasto de los pacientes generando desigualdades y creando entre los pensionistas grupos significativos que no retiran los medicamentos prescritos por no poder pagarlos mermando su salud.

Desde que el Hospital de Alzira, abriera sus puertas en 1999, convirtiéndose en el primer hospital público gestionado por un grupo de empresas por Concesión Administrativa, fórmula por la que la Administración paga a la concesionaria una cantidad anual por habitante adscritos a su área, muchos han sido los hospitales que se han construido utilizando la misma fórmula con el único objetivo de privatizar la sanidad pública y quien pueda pagar que pague, algo similar a lo que sucede en Estados Unidos y muy alejado de la política de izquierdas de Sanidad Universal.

El ejemplo de Valencia, lo siguió Madrid. Durante la presidencia de Esperanza Aguirre el PP la Comunidad de Madrid apostó por privatizar la sanidad utilizando diversas fórmulas: Fundaciones Sanitarias (Hospital de Alcorcón); Iniciativas de Financiación Privada-PFI (Hospitales Infanta Cristina, Infanta Leonor, Infanta Sofía, Henares, Tajo y Sureste) en los que las concesionarias privadas financian y gestionan los servicios no asistenciales y Concesión Sanitaria-Modelo Alzira (Hospitales de Valdemoro, Torrejón y el Rey Juan Carlos, de Móstoles y Villalba) en los que las empresas gestionan también los servicios asistenciales; mientras que la Fundación Jiménez Díaz ha pasado a hospital de referencia de un área poblacional a través de un concierto, aunque mantiene un área de atención a pacientes privados.

En todos los casos los costes se multiplicaron respecto de los de financiación y gestión pública directa.

El intento de Ignacio González de privatizar también la gestión asistencial de los hospitales PFI (Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo) fue paralizada cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por presunta vulneración de la legislación de contratos del estado.

No obstante la Comunidad de Madrid, lidera la privatización sanitaria mediante la aplicación de la colaboración Público Privada lo que aumentó su endeudamiento de 8.614 millones de euros en 2002 (cuando el PP asumió la competencia sobre la sanidad), a 32.723 millones de euros en 2014 (casi cuatro ves más).

Así año tras año en los presupuestos se han ido incrementando el dinero destinado a financiar estos centros privados en detrimento de los públicos.

Hoy que sufrimos las consecuencias, el PP con Pablo Casado a la cabeza sigue culpando de la pandemia al ejecutivo de pedro Sánchez.

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    Últimos comentarios de los lectores (1)

    515 | jose felix rojo - 25/03/2020 @ 19:56:09 (GMT)
    Lo que debería hacer el PP. y en su nombre Pablo Casado es pedir perdón y reconocer el daño enorme causado, (cuestión que comprobamos desgraciadamente al llegar esta pandemia), pero como suele ser habitual en su estrategia reciente , el PP esta criticando al gobierno central, día Si y día también, sin altura de miras, si sentido de Estado y sin vergüenza ninguna, Vox se frota las manos, ya intuye que para ellos es una bicoca que el PP (la fotocopia de Vox) se comporte de esta forma ULTRA-LIBERAL Y ULTRA-DERECHISTA, porque saldrán muy perjudicados en próximas elecciones "en su favor": "aquello de prefiero el original antes que la copia" (total para decir y berrear lo mismo), Casado lleva al PP a un fracaso estrepitoso para próximas elecciones, que aunque faltan 3 años le pasaran factura por algo (esta pandemia) que los españoles no olvidaremos en muchos años, (y 3 años no lo borran). AL TIEMPO.

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