La investigación ha sido ordernada por el juez del caso Tándem, Diego de Egea.
El "clan policial mafioso" como define la físcalia a esta red de policías, ayudados por periodistas, conformaban una organización delictiva que se dedicaba a sacar infirmación falsa en los medios de comunicación.
El magistrado a petición de la fiscalía dio la orden de investigar las relaciones comerciales, acuerdos o datos concretos que relacionan a una empresa del ex comisario Villarejo, con distintos periodistas y medios de comunicación". En el escrito del ministerio público se solicitaba además que se analizaran los pagos, contraprestaciones, por noticias aparecidas en los medios relacionadas con la intoxicación informativa, filtración de datos reservados y manipulación mediática de ciertos proyectos que tenían como objetivo denigrar al lider de Podemos y a su formación.
Por ello, la Policía investiga si Villarejo está en el origen de la publicación de estas informaciones, aunque también sobre mensajes privados de Pablo Iglesias que habrían sido robados del teléfono de la militante de Podemos Dina Bousselham, y así, del llamado Informe PISA sobre la presunta financiación venezolana e iraní de Podemos.
Entre las investigaciones está la presunta transferencia de 272.000 euros del régimen de Nicolás Maduro al paraiso fiscal de San Vicente y Granadinas a una cuenta de Pablo Iglesias que resultó no ser cierta y la publicación de un informe de los servicios secretos cubanos, que confirmaba el mencionado pago de la dictadura venezolana. Informaciones que sacó OKDiario y luego aireó en las televisiones su director Eduardo Inda.
Titulares como "La Policía descubre que la dictadura iraní ha dado 2 millones de euros a Iglesias y su entorno desde 2013", que resultaron no ser ciertos acusaban a Iglesias de recibir dinero ilegalmente de los Gobiernos de Venezuela y de Irán.
Por todo esto Podemos ha solicitado al magistrado que investigue si entre la documentación intervenida a Villarejo consta el presunto dosier "aportado por el ciudadano venezolano Carlos Alberto Arias", quien pudo haber sido beneficiado con una autorización de residencia en España concedida el 11 de abril de 2016 por la circunstancia excepcional de "apreciadas razones de colaboración con las autoridades policiales". Fue este confidente que declaró ante un notario que desde febrero del mismo año estaba colaborando "como informador con la policía española" el que aseguró haber facilitado documentos sobre el dinero que ha aportado Venezuela al Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), a Podemos y sus dirigentes. Iglesias sería uno de los beneficiados, con un ingreso en una cuenta de Euro Pacific Bank de las Islas Granadinas.
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