Alfredo Prada, esa es la persona en la que puso sus ojos el presidente del PP para regenerar su partido y ser la mano ejecutora que se alzara contra los corruptos.

Prada fue consejero de la Comunidad de Madrid durante el mandato de Esperanza Aguirre y Casado no pensó que sirviendo a quién servió, el guardían podía salirle rana.

Ahora el juez José de la Mata lo ha imputado por las presuntas irregularidades en la construcción del Campus de la Justicia, un macroproyecto que ha dejado un agujero de más de 100 millones de euros.

De la Mata le ha citado para el próximo 27 de marzo a las 10 de la mañana en calidad de "responsable del desarrollo económico y contractual de la sociedad".

Es posible que en lo que menos pensara Pablo Casado cuando lo puso al frente de esa oficina-paripé desde la que cortar la corrupción en su partido (el único condenado por ello) era precisamente, en erradicar la corrupción, más si cabe por ser Casado consciente dada su cercanía con Aguirre de las irregularidades de aquel proyecto.

La razón por contra pudiera estar en que fue Prada quien dio a Casado su primer sueldo público. Recordemos que el hoy presidente del PP fue colocado por Prada como asesor parlamentario de la Conserjería de Justicia de la comunidad de Madrid.

Cabe señalar que en ese entonces Pablo Casado no era aún abogado, ya que no había acabado sus estudios en derecho y ni mucho menos tenía el famoso "master".

A casado se le acumulan los problemas, tanto que los votantes cansados de tanta corruptela empieza a pasarle factura. Tal y como están las cosas el PP podría ser superado incluso por Vox. El asunto no es menor, De la Mata ve en los hechos malversación, prevaricación, tráfico de influencias y delito societario. Dice el juez en su escrito que, "la sociedad no seguía ningún criterio de racionalidad económico-organizativo", y presentaba "un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal sumamente débil" y señala: " todos los puestos de trabajo "se cubrieron con personas de confianza de los gestores políticos del proyecto y, en algunos casos, vinculados a intereses privados".

Por si fuera poco no aparece la documentación justificativa del proyecto, no se han rendido cuentas, y las presentadas estan incompletas o fuera de plazo. Es más desde septiembre de 2009 a diciembre de 2010, "no existe ningún tipo de facturas que demuestren la realidad de los gastos efectuados", mientras que de los otros ejercicios "es significativo el desorden en materia de facturación".

Junto a Prada el juez llama a declarar como imputados a otros tres ex altos cargos del Campus de la Justicia: Isabelino Baños, ex director general técnico; José Sanz Piñar, subdirector técnico; y Alicio de las Heras, director de Área Financiera

Este macroproyecto dejó un endeudamiento patrimonial superior a los 105 millones de euros.