El Supremo argentino confirmó este jueves la orden de detención y la prisión preventiva para Cristina Fernandez.
La misma ha sido ordenada por un juez federal por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a una mutua judía en 1994, pero no se hará efectiva por ser senadora y estar aforada.
La Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad el recurso de queja presentado por la exmandataria contra la orden de arresto dictada por el juez Claudio Bonadio en diciembre de 2017, cuya ejecución efectiva el Alto Tribunal supeditó al resultado del proceso de desafuero requerido al Senado por el magistrado.
Fernández, varios miembros de su Gobierno y otros colaboradores están procesados por presunto encubrimiento agravado, mediante un pacto con Irán, de los ciudadanos de ese país acusados del ataque a una mutua judía en 1994, que dejó 85 muertos y sigue impune.
La causa fue iniciada por el fiscal Alberto Nisman, quien denunció a la entonces presidenta por encubrimiento del ataque cuatro días antes de aparecer muerto con un tiro en la cabeza, en circunstancias que aún se investigan, en enero de 2015.
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