En 2016, Alberto Garre advirtió, ante la Comisión de Investigación de la desalinizadora de Escombreras, que los informes de la Intervención General y de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma dejaban claro que era un mal negocio para la Región de Murcia y que tenía su origen en un contrato que podría ser tildado de leonino y muy perjudicial para los intereses de la Comunidad Autónoma. En el proceso judicial, la Fiscalía investiga un agujero de 600 millones de euros.
Una vez más, la planta desaladora de Escombreras es noticia de portada en los medios y no precisamente por su producción hídrica, sino por sus presuntas irregularidades. Si hace unos días conocíamos que en la lista de imputados en la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, aparece Juan Jódar Martínez, suegro de Pedro Rivera Barrachina, actual Consejero de Presidencia y de cuya consejería depende la Dirección General de los Servicios Jurídicos, hoy conocemos que además, Jódar fue socio fundador y accionista de la empresa promotora de esta planta hasta que vendió sus acciones por 1.040.000 euros.
La Dirección de Servicios Jurídicos es el centro superior de asesoramiento jurídico de la Administración Regional y de sus Organismos Autónomos. Igualmente es el centro superior directivo de los asuntos contenciosos en lo que sea parte la propia Administración Regional o sus Organismos Autónomos.
El secretario ejecutivo de coordinación Institucional, Jesús Macanás se plantea si está garantizada la imparcialidad en el proceso judicial sabiendo que el imputado es suegro del máximo responsable de los Servicios Jurídicos. “Creemos que la actitud del presidente de la Comunidad Autónoma es a todas luces irresponsable al negarse incluso, a trasladar los servicios jurídicos a otra consejería”.
En SOMOS REGIÓN apostamos firmemente por la REGENERACIÓN política, por ello exigimos la decisión inmediata del presidente de la Comunidad Autónoma para no dejar paso a ningún tipo de especulación que ligue, como se está produciendo, al consejero de Presidencia con la reacción de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, de su competencia, ante dicho asunto, en el que está implicado su suegro.
Cabe recordar que el coste actual de la desaladora es de 40.000€ diarios a las arcas de la Región. Ya en 2016, Alberto Garre, compareció ante la comisión de investigación de la desalinizadora de Escombreras, donde advirtió que los informes de la Intervención General y de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma dejaban claro que era un mal negocio para la Región de Murcia derivado de un contrato que reviste los caracteres necesarios para ser considerado leonino. En el proceso judicial, la Fiscalía investiga un agujero de 600 millones de euros.
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