Uno de los líderes de Vox en los que la justicia ha puesto los ojos es el portavoz provincial de Vox en Las Palmas y recientemente nombrado coordinador del partido en la capital grancanaria, José Luis Moyano Fabián que ha sido denunciado por varios propietarios del complejo turístico Green Sea, entre las playas de San Agustín y El Inglés.
El Juzgado de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana ha visto indicios suficientes como para investigar su modo de proceder al frente de esa comunidad.
La investigación afecta también al presidente, el vicepresidente y un vocal de la junta directiva saliente, por una serie de contrataciones que a juicio del nuevo órgano de gobierno de la comunidad serían fraudulentas. Precisamente son los nuevos miembros de la directiva quienes han promovido estas acciones, ante los indicios de que Moyano se ha estado lucrando a espaldas de los comuneros.
Según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el juzgado de instrucción 3 de Lleida, en funciones de guardia, ha recibido el caso y, tras la declaración, la magistrada ha acordado prisión provisional sin fianza y prohibición de comunicación. La causa, según estas fuentes, está abierta por los delitos de abuso sexual y pornografía sobre dos personas con incapacidad. Ortiz Cambray se presentaba como líder de la formación ultraderechista en Lleida, aunque una vez detenido, Vox negó que lo fuese y le suspendió la militancia el miércoles.
El tercero en liza es Ignacio Nogueras , al que la Audiencia de Granada ha condenado a un año y nueve meses de cárcel. Nogueras fue presidente provincial de VOX hasta el pasado mes de mayo. La sentencia da por probado el delito continuado de estafa con el agravante de abuso de confianzapor embolsarse 2.684 euros de una empresa de carpintería a la que la gestoría de Nogueras realizaba las gestiones fiscales, contables, de nóminas y seguros sociales.
La empresa de Ignacio Nogueras ha sido condenada a pagar 8.053 euros como corresponsable de un delito por el que el expresidente de VOX en Granada también tendrá que pagar de su bolsillo una multa de 1.260 euros, a los que además se sumarán los 2.684 euros indebidamente cobrados que tanto él como su gestoría deberán pagar solidariamente en concepto de indemnización. Cabe recurso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra esta sentencia.
Nogueras se sentó el pasado 30 de octubre de nuevo en el banquillo de los acusados por hechos similares a los que han llevado a esta condena. La Fiscalía ha solicitado un año de prisión para Nogueras por un presunto delito de apropiación indebida, por lo que podría ingresar en la cárcel si la suma de las penas supera los dos años. El fallo está pendiente de ser dictado por la Audiencia de Granada.
El cuarto es Víctor Guido González Coello de Portugal, vicepresidente primero de Vox y vicesecretario de recursos del partido, que según la sentencia no podrá administrar bienes ajenos durante tres años. Se le ha inhabilitado como administrador por una condena que le impuso en 2015 la Audiencia Provincial de León, que después ha quedado firme , una vez que el Tribunal Supremo haya inadmitido a trámite el recurso interpuesto por González.
Víctor González, de 43 años, tiene como funciones en Vox asistir al presidente, Santiago Abascal, y "dirigir las campañas de captación de recursos económicos y la relación de donantes". Según el partido,González aporta "sus excelentes conocimientos de economía y del mundo de la empresa".
El Tribunal Supremo ha ratificado una sentencia de la Audiencia Provincial de León en la que se demuestra que Victor González Coello de Portugal, vicepresidente primero de Vox, cometió irregularidades contables en la empresa de la que fue accionista y administrador hasta 2014.
La ley califica un concurso de acreedores como "culpable" cuando la generación o la agravación de la situación de insolvencia de la empresa se ha debido a la voluntad o a la culpa grave de sus administradores. La culpabilidad supone una actuación negligente o descuidada del administrador, que no aplica la diligencia exigible en la gestión de la empresa.
En el caso de Marmolería Leonesa, una sociedad dedicada al comercio de mármoles y piedras constituida en 1982, comprada por González en 2007 y administrada por él hasta 2014, el actual dirigente de Vox fue declarado culpable del concurso de acreedores que condujo finalmente a la liquidación de la empresa, cuyos trabajadores quedaron en la calle.
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