Se trataría de unas parcelas de la Costa Brava compradas por el entorno familiar de un alto cargo del presidente ruso, Vladímir Putin.
Este alto cargo estaría Fiscalía Anticorrupción que tiene abierta una investigación sobre esa compra, realizada en el 2008 por Ana Kurepina, una mujer rusa de 80 años que recibió desde Delco Network SA (12.720.000 euros) y Dino Capital SA (400.000 euros)
Al parecer estas dos sociedades están radicadas en paraísos fiscales.
Kurepina está vinculada con Vladímir Artyakov, exgobernador de la región de Samara y número dos de Rostec, el gigante empresarial ruso dedicado al desarrollo de tecnología aplicada a usos civiles y de defensa.
Según Anticorrupción, las investigaciones se basan en la declaración hecha por el empresario estadounidense William Browder, director ejecutivo del fondo de inversiones Hermitage Capital Management.
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