Los bancos recurren ante el Tribunal Supremo para recuperar los 1300 millones del Castor
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Los bancos recurren ante el Tribunal Supremo para recuperar los 1300 millones del Castor
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Los bancos recurren ante el Tribunal Supremo para recuperar los 1300 millones del Castor

viernes 04 de enero de 2019, 19:57h
Se trata del capital que aportaron Santander, CaixaBank y Bankia para facilitar el cierre del almacen submarino de gas

Podemos decir sin error a equivocarnos que el gobierno de Pedro Sánchez hereda una deuda que Zapatero y Rajoy dejaron por su mala gestión o por favorecer a un empresario. Nos referimos a Florentino Pérez.

El pasado mes de abril, las tres entidades financieras presentaron una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado, que se hizo efectiva mediante una reclamación ante el Consejo de Ministros del Gobierno del PP. La reclamación no obtuvo otra respuesta que el silencio administrativo, por lo que se entiende desestimada y cabe ahora la posibilidad de recurso.

El recurso es por los los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la pérdida de las inversiones realizadas.

Ello llevó a los tres bancos a presentar la reclamación al Gobierno después de que el Tribunal Constitucional declarara nulos varios artículos del real decreto ley que permitió a Escal UGS, empresa controlada por ACS, cobrar una indemnización por la paralización del almacén de gas; a continuación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dejó de reembolsar lo financiado por Santander, CaixaBank y Bankia, 1.350 millones para financiar el cierre del almacén.

Esas pérdidas fueron consecuencia de una serie de seísmos que despertaron alarma social entre los vecinos de las provincias de Castellón y Tarragona. En septiembre de 2013, el Ejecutivo suspendió la actividad del almacén de gas tras los seísmos registrados en la zona; cuatro años después, el Tribunal Constitucional anuló la indemnización de 1.350,7 millones de euros concedida a Escal UGS por la hibernación del proyecto.

Según la sentencia, los preceptos anulados por la citada sentencia creaban un derecho de cobro a favor de los bancos, con cargo al sistema gas¿sistico, por valor de los 1.350 millones, que debía ser pagados en 30 años. "La desaparción del derecho de cobro como consecuencia de la incosntitucionalidad paracial del decreto-ley ha provocado (a los bancos) perjuicios que son, fundamentalmente, de tipo de orden económico".

Tras la decisión del Supremo también se dejaron de abonar los pagos a Enagás por el mantenimiento de la instalación. De hehco, el Supremo obligó a devolver a los consumidores de gas los 18 millones de euros por mantenimiento y operatividad de Enagás.

El Parlamento Europeo instó a laComisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones a que tomaran medidas para evitar que los ciudadanos españoles tuvieran que abonar las compensaciones por un proyecto precedido "de una evaluación desastrosa". En el 2017, el Constitucional avaló la decisión de la Eurocámara. Así la cuantía de la compensación se debía incluir en la factura que que los consumidores tenían que abonar en su factura del gas durante 30 años. y cuyo monto total son 4.700 millones, con los intereses.

Como recordarán la plataforma Castor se levantó para explotar un antiguo depósito natural de petróleo situado bajo el lecho marino a unos 21 kilómetros de la costa de Vinaròs (Castellón). El objetivo era disponer de un lugar donde almacenar grandes cantidades de gas para luego poder extraerlo con rapidez en épocas de gran demanda y poca disponibilidad. Así se evitarían grandes fluctuaciones en el precio del combustible.

El Castor era propiedad de la empresa Escal UGS, participada en un 66,67% por ACS, la constructora cuyo máximo accionista es el actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El resto era de la empresa canadiense CLP. Además de la plataforma de inyección y extracción en el mar, el Castor incluía también una conducción submarina y una estación de procesamiento en Vinaròs.

El proyecto fue aprobado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en mayo de 2008 y las primeras operaciones comenzaron en abril del 2012.

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