La operación Desengaño consiguió liberar a 23 mujeres que ejercían la prostitución en dos edificios que funcionaban como burdel en el paseo de las Delicias, en Madrid.

Se trataba de dos bloques verticales de cuatro y seis plantas dedicados a explotar mujeres durante las 24 horas del día.

Según hemos conocido a través del Periódico, uno de esos edificios, el portal número 133, pertenece a la inmobiliaria CM 16, según ha comprobado EL PERIÓDICO. Se trata de una empresa familiar. Una de las consejeras es María de la O. (Mariola) Martínez-Bordiú Franco, nieta del dictador. Dos de sus hijos, biznietos, pues, de Francisco Franco, son el consejero delegado y el apoderado de la inmobiliaria dueña del edificio convertido en burdel. Y su marido, el arquitecto Rafael Ardid, es también consejero delegado y presidente.

Mariola es la segunda nieta de Franco. Forma parte de la directiva de la inmobiliaria dueña del inmueble desde el 2003, según los datos del Registro Mercantil consultados por este diario. La inmobiliaria tiene su domicilio fiscal en la calle príncipe de Vergara, en Madrid, y forma parte del Grupo Didra, un conglomerado de empresas familiar. Tiene valoradas sus propiedades en 13 millones de euros y sus terrenos, en cinco millones más, según las cuentas publicadas en el registro. Los miembros del consejo de administración de la inmobiliaria recibieron remuneraciones por valor de 794.000 euros el último año.

La empresa compró el edificio en el 2007, lo tiene alquilado a un ciudadano italiano y las actividades que tienen lugar allí son públicas desde hace años; de hecho, los vecinos ya las habían denunciado.

El edificio 133 del paseo de las Delicias y el 127 de la misma calle son "factorías del sexo", según la Policía. Desde hace años son territorio de una "organización criminal", según la investigación de la UCRIF (Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales), que lucha contra la trata de seres humanos. En total, disponían allí de 18 pisos en los que la red distribuía a las mujeres.

La mecánica era sencilla y cruel. El jefe colocaba a las más jóvenes y atractivas en las plantas superiores. Allí las tarifas por el sexo eran más caras (30 euros por servicio). En las plantas más bajas estaban las mujeres más mayores o deterioradas. En función de su "rendimiento", eran degradadas o premiadas con cambios de planta en el edificio; de ahí el nombre de "edificios sube y baja" que le daban los proxenetas y sus colaboradores. Algunos 'flyers' anunciaban a los clientes la llegada de nuevas víctimas a los dos edificios: "mercancía nueva". En algunos de los pisos se colocaban carteles con la nacionalidad de las mujeres para atraer a la clientela.

El negocio funcionaba desde hace años. Primero, en el portal 127; luego, desde hace un lustro, también en el 133, el de la inmobiliaria de los Martínez-Bordiú. Según las investigaciones, los miembros de la red reclutaban mujeres en el extranjero con falsas promesas de trabajo y al llegar a España les comunicaban que tenían una deuda de "5.000 ó 10.000 euros con la organización, según los casos" y las forzaban a prostituirse en uno de los 18 pisos de los dos edificios. Allí, las mujeres eran vigiladas las 24 horas del día, mediante cámaras instaladas en los pisos y conectadas a los teléfonos móviles de los proxenetas.

La organización disponía, además, de cuatro coches en los que trasladaba a las mujeres a los edificios para que no tuvieran posibilidad de hablar con nadie ni denunciar sus condiciones. Eran explotadas durante "jornadas maratonianas" y no podían salir de los burdeles verticales ni para comer.

Gracias a ese sistema de esclavitud, la organización conseguía grandes beneficios económicos. Pero el pasado mayo, una de las mujeres consiguió denunciar sus condiciones de vida. La Policía Nacional inició entonces la operación Desengaño, que culminó la pasada semana.

Agentes de la UCRIF registraron los burdeles y liberaron a las 23 mujeres el pasado 13 de noviembre. También detuvieron a 17 personas que formaban el grupo criminal. Entre los arrestados, dos ciudadanos italianos. Uno de ellos es el casero de la inmobiliaria de los descendientes de Franco. En los edificios, la Policía encontró más de 200.000 euros en billetes. La mitad eran para cerrar un negocio: alguien iba a comprar el edificio viejo, el 127, y entregaba ese dinero como señal. Sabía que ganaría mucho más.