Se cumple lo esperado. El Tribunal de Cuentas condena a Artur Mas y a los 'exconsellers' a Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau por el 9-N a devolver 4,9 millones de fondos públicos gastados en la consulta soberanista de la que fueron autores en 2014.

La sentencia no deja lugar a dudas y considera responsables a Artur más por entonces president, a la exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsellers Francesc Homs e Irene Rigau, así como a otros seis exaltos cargos de la Generalitat.

El tribunal le asigna a cada uno de ellos una cantidad. La mayor cuantía es para Artur Mas.

Los conceptos en los que se gastaron el dinero público son el registro de una página web, la fabricación de material para ser utilizado en la consulta soberanista, la ampliación del contrato de seguro para incluir a los voluntarios que participaron en su organización, la elaboración de soportes informáticos, la campaña publicitaria o la adquisición de 7.000 ordenadores para la votación, que constaron 2,8 millones.

La sentencia señala que como consecuencia de las resoluciones del Tribunal Constitucional de suspender el 9-N, el entonces Gobierno de la Generalitat, presidido por Artur Mas, "abandonó el vehículo jurídico inicialmente previsto" para la celebrar " la consulta popular" y anunció, en su lugar, "un proceso de participación ciudadana"

El fallo del Tribunal de Cuentas incide que Mas y Ortega de "común acuerdo" con Irene Rigau, entonces 'consellera' d'Ensenyament, decidieron que los locales donde se celebraría la votación serían centro docentes de enseñanza secundaria de titularidad pública, y que "para el control y tratamiento" el proceso se utilizaría una partida de ordenadores personales que serían adquirido este departamento. Precisamente, el gasto de ordenadores es la partida más voluminosa, de unos tres millones de uros.

Para el tribunal, no cabe duda de que tanto Mas como los demás miembros de su Gobierno demandados no sólo no eran ajenos a las decisiones de gasto público de la Generalitat, sino que eran los "máximos responsables" de estas decisiones, a la vez que subraya que eran "conscientes" de que contravenían lo dispuesto por el Constitucional al permitir el 9-N. La sentencia hace un repaso pormenorizado de las actuaciones de los exaltos cargos.

El abogado defensor, Rafael Entrena, considera que la sentencia es "una aberración jurídica" y plantea que recurrirá.

Asi lo comunican también los condenados en un comunicado, los cuatro condenados donde dicen: "El Tribunal de Cuentas se encuentra muy lejos de la imparcialidad"."No aceptamos en ningún caso la sentencia y reiteramos que de ninguna manera se ha producido ningún gasto irregular que comporte una responsabilidad contable que justifique la pena impuesta", ha recalcado.

El órgano fiscalizador han acogido la tesis esgrimida por la fiscalía en su resolución de 90 folios. Este dinero deberá ser restituido a la Generalitat, al considerarse que ha existido un perjuicio al erario público. El Tribunal de Cuentas dictó en su día una fianza de 5,2 millones de euros. Mas no abonó la totalidad de este importe y, por este motivo, se embargaron sus bienes. La fiscalía reclamaba el pago del importe íntegro de los gastos, más los intereses.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado este lunes que "el espíritu de venganza del Estado es insaciable. Ahora quieren quitarles el patrimonio".