La contratación, según denuncia la plataforma ciudadana en las redes sociales, vulnera claramente la ley de contratos del sector público al sobrepasar de largo los 18.000 euros anteriormente y hoy 15.000 euros que como máximo puede disponer un ayuntamiento para la contratación de un servicio sin pasar por un concurso público.
El colectivo ciudadano que sensible a la preocupación y demandas de los vecinos ante lo que entienden una situación de “desgobierno auspiciada por el PP” (el ejecutivo local está formado por el alcalde independiente, Francisco Torrecillas expulsado de CILUS, y un ex concejal transfuga, y apoyados desde el vertedero por el PP), mantiene que “la legislación contractual no permite el fraccionamiento del contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”. Así, explican que esta nueva adquisición sobrepasa claramente el valor de un contrato menor, utilizando dos contratos con la misma fecha de entrada en registro, 16 de febrero de 2018, y consecutivos en la relación de Expedientes de Contratos Menores, uno con el 32/2018 y el otro el 33/2018. Ambos son otorgados a la misma empresa pocos días antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Publico, 9 de marzo de 2018, “circunstancia esta que puede ser calificada como presunto delito de prevaricación/tráfico de influencias por fraccionamiento del objeto del contrato, según el art. 404 del Código Penal -CP-, aprobado por LO 10/1995, de 23 de noviembre (EDL 1995/16398), que define la prevaricación administrativa como aquella en la que incurre la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo”. Los contratos de suministro o de servicios tienen que ser por un valor estimado inferior a 15.000 euros (antes del 9M de 2018 eran 18.000.-€), y en cualquiera de los casos la suma de ambos supera la cantidad estipulada.
El cartel publicitario comprado por el ayuntamiento tiene un coste de 19.311,60 euros y el software que lo hace funcionar 7.502 euros, siendo imprescindible el segundo para hacer funcionar el servicio que presta el primero. Como dato anecdótico la plataforma ciudadana afirma que el cartel en cuestión ha sido instalado, además, en una ubicación que impide su visualización la mayor parte del día por estar “cara al sol”.
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