Eso significa una ampliación de la denuncia, no considerada en principio por la Fiscalía del TSJ y luego archivada por el juzgado nº 7, a quien posteriormente la Audiencia Provincial ordenó reabrir el caso e investigar el asunto, hasta el punto de comenzar a continuación las imputaciones de implicados en lo que el juez considera 'administración desleal', al menos.Esa ampliación, cuyo importe de presunta administración desleal podría superar, en esta ocasión, más de dos millones de euros supuestamente desviados de dinero público, tiene que ver con BMN ya que en el año 2010 el entonces “Grupo BMN” había recibido ya los primeros 915 millones de un total de 1.600 para su supuesto saneamiento, que jamás llegó a producirse.Según publico Vozpópuli el pasado 22 de junio, la Audiencia Provincial de Murcia habría ordenado al titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, José Fernández Ayuso, reabrir la causa por un delito de administración desleal contra el ex presidente ejecutivo de Caja Murcia y Banco Mare Nostrum (BMN), Carlos Egea Krauel, ahora consejero ejecutivo de Bankia, que está imputado en el procedimiento, según adelantaba Vozpópuli. El auto, según se indica en el mismo, podía ser recurrido en reforma y en apelación, lo que a día de hoy no consta haya sucedido o, al menos, comunicado a las partes personadas en el procedimiento tal incidente procesal.
"Se dirige la presente causa contra Carlos Egea Krauel en su condición de investigado por presunto delito de administración desleal", especifica el auto de 18 de junio, al que habría tenido acceso Vozpópuli, que apuntaba que el procedimiento podría ser dirigido contra otros posibles "partícipes" en el delito.
Este delito, que el juez considera que presuntamente fue cometido en la gestión de la entidad Caja Murcia, posteriormente BMN,"debe ser imputado inicialmente al investigado Carlos Egea Krauel", reiteraba el auto.
El instructor, que ha citado a declarar como testigo al denunciante de los hechos, también pretende interrogar al responsable legal del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), el organismo público que inyectó 1.645 millones de euros al banco resultante de la fusión de Caja Murcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra.
El juez también ofrece al Frob la posibilidad de ejercer acciones legales contra Egea, como perjudicado. Reclama a este organismo que le informe acerca de las gestiones realizadas tras ser informado de la denuncia.
Asimismo, el instructor se dirige al Servicio de Inspección del Banco de España para que les informe si ha llevado a cabo alguna investigación en base a los hechos denunciados: "Debiendo remitir informe de lo resuelto en su caso", indica la resolución del juez José Fernández Ayuso.
El denunciante, Jesús Plaza, se dirigió tanto al Frob como al Banco de España paralelamente a la interposición de la denuncia inicial, para que se diesen por enterados y emprendiesen las acciones que considerasen oportunas.
En el caso del Frob, sólo se recibió el silencio como respuesta, pero en el caso del Banco de España si se tomaron cartas en el asunto por parte de los Servicios Jurídicos del mismo, calificando a BMN como “entidad de especial seguimiento” y elevando el contenido de la denuncia al Banco Central Europeo, por la especial gravedad de los hechos denunciados.
Por tanto, el tema se está investigando en el Supervisor Europeo desde hace más de un año, poniendo en evidencia tanto la actuación del Frob, como la inicial del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia y la Fiscalía de la Región de Murcia.
La Audiencia Provincial de Murcia, con el magistrado Francisco Navarro Campillo como ponente, reabrió la causa, tras interponer el abogado José Luis Mazón un recurso, con un auto en el que especificaba: "Los hechos denunciados por la apelante ciertamente pudieran constituir indiciariamente un presunto delito de administración desleal, por lo que no comparte la Sala la inicial decisión instructora de archivo provisional de la causa".
El contundente recurso del abogado Mazón, que habría asesorado al denunciante, empleado de Caja Murcia durante 32 años, y al que habría tenido acceso Vozpópuli, explica los hechos presuntamente atribuidos al expresidente de Caja Murcia: "La concesión de prebendas, premios y préstamos personales y anticipos de nómina a empleados (fondos de reptiles) por su adhesión inquebrantable a los designios del 'caudillo' de la entidad, Carlos Egea, y preboste regional que conoce altos jueces, fiscales, delegados y directores generales".
Y los empleados presuntamente beneficiados, según el recurso del letrado Mazón, consiguieron mejorar sus indemnizaciones "camuflándolas" como operaciones "legítimas que paga el erario público que desembolsó 915 millones en el rescate".
Además, el denunciante acusa a Egea de despatrimonializar Caja Murcia al vender sus oficinas más representativas en condiciones "escandalosas": "Se vendían a precios perjudiciales para la entidad, se conceden préstamos a los nuevos adquirentes, y pagando acto seguido a los prestatarios unos alquileres muy por encima del tipo de interés de los préstamos".
La denuncia también alude a otras presuntas irregularidades cometidas desde Caja Murcia: "en esta Caja era práctica habitual la condonación de deudas completas o parciales, [...] las cancelaciones de operaciones 'porque sí', y de las que tengo ejemplos que se remontan al año 1988: desde presidentes de Comunidades Autónomas hasta Cofradías de Semana Santa, pasando por Federaciones de Fútbol, o particulares amigos del amo del cortijo".
A raíz de la denuncia, varios ex empleados de la entidad se han dirigido a Jesús Plaza para ofrecerse a contar en sede judicial su versión de determinados hechos y aportarle más documentación para incluir en la citada ampliación otras presuntas irregularidades de las que eran conocedores por el desempeño de su puesto de trabajo.
Y tampoco se descartan nuevas personaciones legítimas de terceros en las diligencias abiertas por el juez Fernández Ayuso nada más comenzar el mes de septiembre, a las que se podrían añadir nuevas acciones penales en perspectiva, esta vez por otros presuntos delitos añadidos, de igual modo fuertemente documentadas, según diversas fuentes relacionadas en su día con la entidad desaparecida.
Este caso fue objeto de unas diligencias informativas abiertas en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que fueron archivadas en abril de 2017 al estar los hechos siendo, a su vez, inicialmente investigados por el Juzgado de Instrucción número 7 de los de Murcia.
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