Se confirma el rechazo de los herederos del dictador a que se proceda a la exhumación del dictador. Así, se lo han comunicado los siete nietos de Franco por conducto notarial al abad del Valle de los Caídos del monumento donde también avisan de su negativa a hacerse cargo de los restos si finalmente se consuma su traslado.
Mientras que la responsabilidad del Valle de los Caídos recae en Patrimonio Nacional, la gestión de la abadía situada en su seno corresponde a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz. Así, entre sus funciones está el mantenimiento del culto, la promoción de una escolanía, la dirección de un centro de estudios sociales y el cuidado de la hospedería.
De este modo, se puede dar un conflicto competencial entre ambas entidades que podría explicar el afán del Gobierno español por dotarse de un corpus jurídico suficiente para evitar que se pueda revertir la exhumación de Franco, vía recurso ante los tribunales de justicia. El estudio exhaustivo de las vertientes legales de esta acción está detrás del retraso a la hora de acometer el traslado, inicialmente fijado para este mes pero que actualmente no tiene fecha concreta. Eso sí, el presidente español, Pedro Sánchez, dijo ayer en el Congreso que se realizará “en un breve espacio de tiempo”.
“La decisión del Gobierno es firme”, “ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura”. La Conferencia Episcopal Española aseguró que no corresponde a la Iglesia católica la decisión sobre “la permanencia o no” de los restos de Franco. “Es otro ámbito, el político o familiar, el que ha de decidir”, aseguró el portavoz y secretario general de la CEE, José María Gil Tamayo. El presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, consideró que, si le reclaman los restos de varias víctimas del franquismo, el abad debe permitir esas exhumaciones.
En declaraciones recientes, distinguió además las competencias de dos instituciones que “confluyen”, Patrimonio Nacional y la comunidad monástica de benedictinos, que reside en el Valle. De forma muy diferente lo ve la Fundación Francisco Franco, que entiende que el lugar donde está ubicada la tumba del dictador, entre el altar mayor y el coro, es parte de la basílica y, por tanto, “inviolable” según los acuerdos de 1979 entre la Iglesia y el Estado.
La Fundación Juan Negrín, que custodia el archivo personal del último presidente del Gobierno de la Segunda República, expresó ayer su apoyo a la exhumación de los restos de Franco y demandó que ese enclave deje de usarse para la “celebración de un régimen que cubrió de sufrimiento e impotencia a gran parte” de los españoles.
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