El colmo de la cobardía se dio ayer cuando Puigdemont para librarse de la imputación por rebelión, abrió el cajón de mierda para de manera impune y cobarde echarle la culpa a otro. Y estos otros son los que han peleado por él y han actuado según las directrices marcadas por él y su gobierno.

Si recuerdan eldía del referéndum ilegal de Cataluña no se produjo «ningún tipo de violencia», en palabras del abogado de Carles Puigdemont. Lo que hubo fueron «episodios completamente aislados» después de que «algunos ciudadanos concretos pudieran haberse excedido en la resistencia pasiva y hubieran actuado activamente contra los agentes».Así consta en el recurso que el letrado Jaume Alonso-Cuevillas presentó en el Tribunal Supremo contra el auto de procesamiento dictado por el juez instructor del caso del procés, Pablo Llarena, el pasado 21 de marzo. La defensa de Puigdemont pide que se impute «a los autores de dichas conductas, pero nunca» a sus defendidos.

Según Alonso-Cuevillas, en los hechos ocurridos el pasado 1 de octubre, «los manifestantes únicamente se limitaron a resistir de forma pasiva la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado». Sólo, «en algunos casos, excedió claramente los límites del cumplimiento de sus deberes».

Es por ello que el abogado de Puigdemont y de los ex consejeros Clara Ponsatí y Lluis Puig -el recurso fue presentado en nombre de los tres- pide al juez Llarena que excluya el delito de rebelión que atribuye a dos de sus clientes. En concreto, al ex presidente y a la ex consejera.

En cuanto a los disturbios del pasado 20 de septiembre producidos en Barcelona, en el marco de la Operación Annubis, este letrado descarta también que hubiera violencia y se limita a calificar los hechos como «manifestaciones de protesta» y «actuaciones reprobables y aisladas de quienes causaren daños en el marco de las referidas manifestaciones». Es más, advierte de que, «a lo sumo», estos actos sólo podrían ser constitutivos de un delito de desorden público o resistencia a la autoridad.

En este sentido, Alonso-Cuevillas reprocha al juez Llarena que compare los hechos del 20 de septiembre ocurridos en la puerta de la Consejería de Economía de la Generalitat «con un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire» y que utilice «argumentos que resultan realmente llamativos para justificar la existencia de violencia», cuando «la violencia no ha llegado a producirse», insiste.

Las críticas del abogado de Puigdemont van más allá y llega a calificar los razonamientos esgrimidos por el magistrado en el auto de procesamiento como «una mera apreciación no refrendada por los hechos acontecidos a lo largo de los últimos meses y años». Alonso-Cuevillas alega que Llarena «se fundamenta únicamente en meras posibilidades que suponen un estándar totalmente insuficiente».

Conviene recordar que Puigdemont está procesado por delitos de rebelión y malversación, al igual que Ponsatí, mientras que a Puig el magistrado le atribuye delitos de desobediencia y malversación.

Precisamente, en cuanto a la malversación de caudales públicos, el abogado considera «muy prematuro» procesar al ex presidente y a los ex consejeros porque, considera, «no consta justificación» de que el dinero investigado -1,6 millones de euros- se destinara a sufragar los gastos del referéndum del 1-O.

«El procesamiento de mis defendidos resulta absolutamente improcedente», reprocha al juez Llarena, alegando que «no existen ni en el auto recurrido, ni tampoco en la investigación, ninguna conducta ni realización de gastos concretos que se le puedan imputar».

En opinión del abogado de Puigdemont, al ex presidente, a Ponsatí y a Puig «únicamente se le imputan conductas totalmente genéricas y abstractas, sin llegar a concretar ningún hecho respecto de la presunta comisión del delito». Es más, asegura que existe «constancia documental de que no se ha dispuesto de cantidad pública ninguna para sufragar el referéndum».

Ante tal argumentario, Alonso-Cuevillas pide dejar sin efecto la fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros que fijó el juez para Puigdemont y los 13 ex consejeros procesados (todos los miembros del extinto Govern), a pagar de manera solidaria entre todos. Es decir, los 1,6 millones que, según la investigación, se usaron para pagar la consulta, más un tercio de esa cantidad, en cumplimiento de la ley que fija este tipo de fianzas para asegurar responsabilidades pecuniarias.

En lo que respecta al delito de desobediencia atribuido a Lluis Puig, Alonso-Cuevillas descarta esa conducta por parte del ex consejero. El abogado alega que Puig no desobedeció ninguna resolución judicial del Tribunal Constitucional -prohibió el referéndum- porque este Alto Tribunal «no es un órgano judicial». El letrado defiende que el adjetivo judicial «es exclusivamente predicable de los órganos judiciales integrados dentro del Poder Judicial del Estado» y que, por tanto, sólo existe delito penal de desobediencia cuando se trata de resoluciones dictadas por estos órganos.

Alonso-Cuevillas aprovecha para reprochar al juez y al Gobierno de Mariano Rajoyque «hasta la causa del 9-N [consulta soberanista de 2014], nunca se había criminalizado la desobediencia al Tribunal Constitucional». Dicho esto, critica que «sólo son típicas las desobediencias realizadas por las autoridades catalanas», pero no «las negativas por parte del Gobierno español a cumplir los pronunciamientos judiciales». «Resulta pues una clara discriminación por razones ideológicas», concluye el abogado.

El pasado 27 de marzo, Carles Puigdemont ya presentó un recurso a título individual contra el auto de procesamiento alegando los mismos argumentos. Entre ellos, defendió también la falta de competencia del Supremo para instruir esta causa y recriminó al juez indefensión al no haberse permitido la actuación de su letrado hasta el pasado 27 de marzo. Pide la nulidad de la causa.