¿Es el prior un delincuente?
Debe ser la justicia quién lo diga, pero como mínimo se ha ganado lo de presunto.
El Prior se ha negado a cumplir una sentencia firme que le obliga a ello. Una sentencia de hace dos años. En la misma queda claro que debe dejar entrar a expertos para comprobar si es posible, exhumar los cadáveres.
Para más Inri la semana pasada no acudió a una comparecencia en el Senado para explicarse. Con una prepotencia tan alejada de la humildad de la quebe hacer gala un religioso dijo que si los senadores querían oírle, que fueran al convento a verle.
El presidente de los obispos, Ricardo Blázquez, le dio un tirón de orejas el pasado viernes y ante esto parece ser que acatará la orden del juez.Sin embargo lo más preocupante es que un simple prior este por encima de la justicia , se ría de esta y ningunee a todo un juez. ¿ O es que al juez le falta el valor que se le presupone para que se acate la ley? Con la iglesia hemos topado ha debidom de pensar entre cagaleras.
En definitiva que quién manda y decide es el prior, dos años después parece dispuesto a abrir las puertas. Claro que las fuerzas del orden podían haberlo detenido, puesto a buen recaudo entre rejas y dado dos patadas a las puertas como cuando realizan un desahucio. Lo que parece claro es que ni el Estado ni la Iglesia española tienen autoridad sobre él, aún se rige por un convenio anacrónico de 1958 y su único superior es el abad de su orden en Francia. Es como un reducto sin ley o como un paraiso no fiscal pero sí religioso dentro de la iglesia.
El incidente vuelve a sacar a la luz un gran asunto pendiente, qué hacer con el Valle de los Caídos y, sobre todo, un estatus absurdo que no se ha querido abordar en 40 años. De mirar siempre para otro lado, quien se acerca allí encuentra un incomprensible pastiche civil-religioso, público-privado, franquista-democrático. De hecho aún se rige por decretos y normas no derogados de la dictadura. No es un lugar de la memoria, como otros que existen en Europa tras conflictos bélicos, ningún cartel explica nada y en las dos puertas de los osarios pone: “Caídos por Dios y por España”.
Y mientras tanto Los Lapeña esperan. Esta familia es de las pocas que han logrado una sentencia a su favor, la mayoría de las causas fueron archivadas y la vía penal quedó cerrada por el Supremo en 2012. El Gobierno de Mariano Rajoy cerró la civil con un cambio legal en 2015, pero este proceso era anterior y siguió adelante. Con una sentencia firme desde marzo de 2016 y el informe favorable de la Abogacía del Estado, ante la pasividad del Gobierno y la tozudez del prior en no acatar el fallo, Ranz lo denunció a la ONU, que deberá pronunciarse en breve.
El Valle de los Caídos es el mayor cementerio de la Guerra Civil, un cementerio donde el verdugo vigila a sus víctimas, un parque de atracciones donde los protagonistas son los cadaveres con agujeros en el cráneo, un lugar que cuenta con un hotel y una hospedería.
Junto a los restos, en gran parte sin identificar, de al menos 33.847 personas también hay un colegio, donde duermen niños, el internado de la escolanía. La hospedería es de propiedad pública, pero exhibe un marcado carácter religioso. Hay crucifijos en las habitaciones, se venden rosarios y objetos de culto, libros eclesiásticos (cuatro volúmenes de doctrina social de la Iglesia, 6 euros) y tienen folletos publicitarios de bancos para iglesias y vino para consagrar. Incluso alberga unos paneles de exposición sobre la historia del cristianismo. En el mayor cementerio de la Guerra Civil lo primero que se ve al llegar al monasterio es un campo de fútbol y un frontón. En el hotel se organizan bodas, bautizos y reuniones de empresa.
La abadía recibe 340.000 euros al año de los Presupuestos del Estado. Mantener el Valle de los Caídos le costó a Patrimonio Nacional, según datos oficiales, dos millones de euros en 2014, principalmente por sus 30 empleados; en 2015, 2,5 millones; 1,8 en 2016. Los ingresos de venta de entradas rondan los 1,3 millones al año. En 2016 recibió 262.860 visitantes.
El cementerio es público, pero el prior se niega a abrir la puerta. Es él quien decide y gobierna a miles de muertos.
Patrimonio Nacional asegura que el Valle de los Caídos es del Estado, pero no tiene autoridad sobre el prior que vive en sus instalaciones, el Estado le paga por estar allí pero curiosamente no es empleado suyo ni el abad acepta órdenes.
La Conferencia Episcopal no lo aclara, el arzobispado de Madrid niega cualquier poder jerárquico sobre la abadía, aunque esté en su diócesis y la Santa Sede calla.
El único que ha roto el silencio es Blázquez desautorizando al prior: “Si la autoridad legítima, al abad del Valle de los Caídos le dice 'aquí tenemos estos restos, mandemos que sean custodiados aquí', no se puede negar ni para recibirlos ni para sacarlos”. Horas después el PP, que aseguró haber mantenido un diálogo con el religioso, anunció que el prior accedía a retirarse del contencioso e, incluso, a reunirse con las familias de las víctimas, que hasta ahora nunca ha recibido. El abogado de la familia Lapeña confirma que el recurso ya está retirado.
Pero según las jerarquías de la Iglesia, la abadía es autónoma. Se formó con monjes de Silos, interlocutor del Estado cuando se abrió el monasterio, pero el abad de Silos, Lorenzo Maté, también se desmarca: “Son autónomos, ellos deciden, el superior y la comunidad”. Resulta que nadie manda sobre el prior en España. La cabeza de esta congregación benedictina es la abadía de Solesmes, en Francia. Lo confirman al teléfono: el Valle de los Caídos está bajo su autoridad, igual que los monasterios de Silos y Leyre. La máxima autoridad de esta órden es el abad, Philippe Dupont, un monje de 71 años, él tendría la última palabra, la llave a los muertos de la Guerra Civil.
Una ley de 1982 dio la gestión de los inmuebles de la jefatura de Estado a Patrimonio Nacional. La disposición final tercera establecía que el patronato de la Fundación pasaba a Patrimonio Nacional, pero la institución explica que está a la espera de que la ley se desarrolle. Es decir, que le aclaren qué se hace exactamente con eso. La Fundación es hoy un ente teórico y misterioso.
El informe de 2011 de la comisión de expertos, formada a raíz de la ley de memoria histórica de 2007, intentó aclarar algo. Su recomendación más conocida fue trasladar los restos de Franco, para cambiar el significado del recinto –también fue aprobado por mayoría en el Congreso en 2017, una decisión no vinculante que el Gobierno ha desoído-. La tumba del dictador está en el altar de la basílica, junto a la de José Antonio Primo de Rivera, y como el templo es propiedad de la Iglesia son en realidad las únicas sobre las que tiene poder de decisión, no sobre el resto de miles de difuntos. Por tanto, teóricamente, la Conferencia Episcopal podría dar el primer paso en este sentido, expresando su voluntad de sacar de allí los restos del dictador, aunque esté obligada por ley a custodiarlos. Ahorraría a los políticos la incomodidad de reabrir el debate para tomar una decisión, aunque los dejara en evidencia. Además la tumba incumple el código canónico: el artículo 1242 indica que en los templos solo pueden enterrarse obispos, cardenales o el Papa.
El pasado 5 de marzo La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, a preguntas del PNV en el Senado, dijo: “El Gobierno es plenamente consciente habida cuenta de la nueva realidad social existente en nuestro país, el convenio suscrito en el año 1958 debe ser renovado”. Se saludó como un primer paso. Pero, consultado, el Ministerio de Justicia matiza: “La revisión del convenio depende de las partes que lo firmaron en 1958, Patrimonio y Comunidad Benedictina, que serán las que lo estudien en su momento”. Patrimonio no sabe nada. Depende del ministerio de Presidencia, que es quien debería moverse. El PNV preguntará de nuevo por el asunto esta semana, el martes 20 de marzo, al ministro de Justicia en el Senado. Nadie en España parece querer tener nada que ver con esto y mientras tanto un monje va por libre.
Queda pendiente la excursión de los senadores al Valle, el póximo día 26 de marzo. En principio solo se opuso el PSOE, por considerarlo un insulto a la dignidad del Senado, y también criticó duramente al presidente de la institución, Pío García-Escudero, por permitir la visita. Al final solo acudirán PP y PNV, muy crítico pero que prefiere no desaprovechar ninguna oportunidad de diálogo. El prior, en cualquier caso, no irá al Senado.
El asunto ha traspasado fronteras. El diario francés Le Monde ha publicado un artículo sobre la abadía del Valle de los Caídos en el que muestra su estupefacción por el hecho de que perdure una estructura como esta tantos años después de la muerte del dictador. La tildan de "siniestra basílica" y recuerdan que fue construida con el trabajo esclavo de presos y que se enterraron allí a muchos republicanos contra la voluntad de sus familias. El reportaje se ha realizado porque el abad de la tumba de Francisco Franco se negó a comparecer ante el Senado el pasado día 12, una comparecencia exigida por los grupos de la oposición para criticarle que se negara a permitir la exhumación de los cuerpos de algunos presos republicanos.
El periódico francés muestra su sorpresa por el hecho de que el abad de los benedictinos, Santiago Cantera, rinda homenaje a Franco y a José Antonio cada 20 de noviembre con una misa, y que recientemente oficiara un acto en honor a la hija del dictador. Pero lo que le parece más intolerable a la corresponsal Sandrine Morel es que Cantera se oponga a las disposiciones del juez que ordena el desenterramiento de las víctimas reclamadas por sus familiares, todo eso en un monumento de titularidad pública y financiado por Patrimonio Nacional. El artículo del diario Le Monde no recoge que el pasado viernes Santiago Carrera decidió retirar el recurso que había interpuesto, ante de las presiones de la Conferencia Episcopal.
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