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El CNI negoció con Pujol para salvar al Rey Juan Carlos

El CNI negoció con Pujol para salvar al Rey Juan Carlos

lunes 26 de febrero de 2018, 20:25h
La Tribuna de Cartagena saca a la luz las conexiones Banco de Santander, clan Botín, Jordi Pujol y comisario Villarejo que podrían haberse llevado por delante en cualquier país excepto en España al , Rey Emérito y padre del actual jefe del Estado, Felipe VI.

A paso de tortuga (velocidad máxima judicial en los casos que imputan a los más poderosos), la Audiencia Nacional prosigue la instrucción del “caso Pujol” de la mano del juez José de la Mata.

De la Mata, es el juez que sustituyera a Pablo Ruz aquel molesto magistrado que fue una pupa para el Partido Popular cuando ocupaba de manera provisional el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional-.

Tras incorporar al sumario del “caso Pujol” unas diligencias policiales que evidenciarían que el Molt Honorable expresidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol, habría negociado un trato judicial favorable con el mismísimo CNI (Centro Nacional de Inteligencia) a cambio de no revelar el vínculo que el Rey Emérito mantenía con una cuenta bancaria de la trama corrupta de la “Gürtel”, una cuenta con Credit Suisse que ha salido en apoyo ¿saben de quién?, del Banco de Santander, cómo no, frente a los intereses también legítimos del BBVA.

Y es que las conexiones Banco de Santander, clan Botín, Jordi Pujol y comisario Villarejo podrían llevarse por delante –en cualquier país excepto en España- al mismísimo exjefe del Estado, Rey Emérito y padre del actual jefe del Estado, Felipe VI.

Según la documentación que ya obra en poder del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Juan Carlos I tenía una cuenta en Suiza en la entidad bajo el sobrenombre de “Soleado”(nombre más propio de un astado de 500 kilos que del titular de una cuenta de dinero negro en un paraíso fiscal); la cuenta radicaba en la entidad Credit Suisse, abierta desde 1.995, una entidad que, para mayor satisfacción de los republicanos (cuyo número cada día aumenta de manera exponencial en España) era la que servía para los ingresos del cabecilla de la “trama Gürtel”, Francisco Correa, que habría ingresado no menos de 18 millones de euros sin que nunca se haya desvelado la identidad del resto de “personajes” que albergaban su dinero en ella.

Fuera de sede judicial (que es donde acostumbra a ser tan chulo como sincero), Francisco Correa ha reconocido que el Rey Juan Carlos era uno de estos titulares de cuentas de Credit Suisse, pero nada se habría informado a un juez hasta ahora, algo que conocía Jordi Pujol (alguna indirecta "muy directa" sí soltó al respecto…) y que habría servido para que el expresidente de la Generalidad de Cataluña chantajeara al Estado, a través de los servicios secretos del CNI en su intención (que no en su misión, ya que no es esa la obligación de los servicios secretos) de proteger al monarca.

Así las cosas, parece ser que el juez de la Mata, ante el riesgo inminente de destrucción de pruebas por parte de quienes mejor saben destruirlas, los servicios secretos, habría ordenado a la Policía Judicial recabar toda la documentación y habría citado a declarar a los dos detectives extrabajadores de la agencia Método 3.Que el comisario Villarejo fue el esbirro de la familia Botín para evitar que se conociera el pelotazo del Santander con la familia de Jordi Pujol es algo que ya hemos demostrado sobradamente; también –desgraciadamente- les hemos informado de la tremenda repercusión que esto tuvo sobre la –hasta entonces- brillantísima magistrado Coro Cillán, a la que lograron pasar del estrellato de la judicatura a la más tenebrosa mendicidad de las calles de Madrid, presentándola como una loca sin credibilidad alguna y poseída por todos los vicos que habían terminado por hundirla en el más terrorífico de los infiernos urbanitas de la Capital.

Curiosamente el magistrado fue ponente en las sentencias de inhabilitación de la juez Coro Cillán fue el juez Jesús Gavilán López, que estaba ¡en comisión de servicio! en el Tribunal Superior de Justicia.

Asi mismo les hemos hablado de Inversión Hogar, una empresa que fue saqueda por Emilio Botín y sus secuaces y que, desde hace 25 años, mantiene un litigio contra el Banco de Santander y contra toda la corrupción judicial que ampara las irregularidades, los ilícitos y hasta los posibles asesinatos de la familia Botín.

Inversión Hogar (empresa constructora que cerró por culpa de una estafa ¡en toda la regla! del Banco de Santander, familia Botín y adláteres, que hundieron en la miseria a sus accionistas y que dejaron en la calle a cientos de familias trabajadoras), gracias al incansable trabajo de años de su insobornable letrado, Eduardo Martín Duarte, logró una sentencia por la que el Banco de Santander debía resarcir a la empresa Inversión Hogar con más de 80 millones de euros.

Pero esa sentencia nunca se cumplió e Inversión Hogar continúa sin cobrar, 25 años después y litigando en los tribunales, ¿saben por qué? Porque un juez llamado Jesús Gavilán López revocó esa sentencia.

Y es que, a lo largo de toda la historia, el Banco de Santander siempre ha tenido a la justicia de cara, a jueces ¿en nómina? hasta crear jurisprudencia exculpatoria con su propio nombre “la sentencia Botín”.

Así las cosas, la agencia de detectives Método 3, habría hecho llegar al juez de la Mata suficiente documentación policial que, hasta ahora, nadie conoce porque no había aparecido y que fue elaborada en 2.014, cómo no, por el ínclito comisario José Manuel Villarejo, ese que está siempre que la familia Botín le necesita y que urdió un plan para acabar con la brillante carrera judicial de la juez Coro Cillán, que del estrellato de la judicatura ha acabado en las penumbras de la mendicidad por haber investigado la relación existente entre el Banco de Santander, Emilio Botín y Jordi Pujol para la compra, a favor del pequeño de los Pujol Ferrusola de ¡1.152 oficinas del Banco Santander! por un importe de algo más de dos mil millones de euros! y el realquiler de las mismas a la entidad de los Botín, durante 25 años, por un importe de 100 millones de euros al año: el mayor pelotazo inmobiliario en la historia de España.

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