Así lo declaró ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena durante su declaración el pasado 11 de enero.
“Hubo muchas conversaciones, durante esos días, algunas de ellas con representantes del Gobierno de España, concretamente el 30 de septiembre. Y esas conversaciones algunas de ellas están en mensajes telefónicos guardados, no hacían prever en ningún caso lo que ocurrió el 1 de octubre”, explicó el número dos de las listas de Junts per Catalunya (JxCat) a preguntas del fiscal sobre la violencia el 1-O y por lo que tanto él como el ex Govern están investigados por un delito de rebelión.
Es más, Sànchez ofreció al instructor aportar esos mensajes. “Son comunicaciones privadas que a mi me hacían prever que podría haber en algún lugar alguna tensión, podría haber algún altercado pero no lo que ocurrió el 1 de octubre”, insistió.
Durante todo el interrogatorio, el expresidente de ANC, en prisión por movilizar a la ciudadanía para acudir a un referéndum ilegal, defendió que todas las movilizaciones convocadas por la sociedad civil en Catalunya eran pacíficas y condenó todo tipo de actos violentos. “La resistencia pasiva de la ciudadanía con la voluntad de las fuerzas de requisar las urnas generaron situaciones donde hubo imágenes muy duras que nunca se tenían que haber producido. Las agresiones que sufrieron los ciudadanos y los agentes de seguridad ha sido lo peor en muchos años que ha ocurrido en Catalunya”, alegó.
Durante el interrogatorio, el fiscal le insistió si conocía que el 1-O había sido prohibido por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya tras ser declarado inconstitucional. Sànchez reconoció que el 1-O no tenía encaje legal. “Si era un acto ilegal, y con todos los antecedentes de los registros, usted o su asociación llamaron a la gente a personarse a los colegios electorales, a impedir que se cerraran y a votar”, le espetó el representante del Ministerio Público.
”Quizá mi error fue pensar que como ya sucedió en la consulta del 9 de noviembre habría una prohibición que haría que ese acto definido como referéndum no tendría unas consecuencias legales y que habría una acción proporcionada, una acción de oportunidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad que lo único que garantizarían era que no hubiera incidentes”, subrayó.
Tras escuchar esta afirmación, el magistrado interrumpió las preguntas del fiscal para hacer un inciso: “¿No vio ninguna diferencia con el 9-N? Para el l 1-O salió el Gobierno diciendo que no se iba a celebrar el referéndum y se habían desplazado 5.000 hombres de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.
El fiscal dirigió las preguntas en el sentido de que Sànchez y su asociación habrían apoyado el referéndum con el objetivo compartido de posteriormente declarar unilateralmente la independencia de Catalunya. “Dentro del independentismo hay muchas opiniones, había muchas hojas de ruta. En el tema de la DUI hay muchas opiniones. yo tengo la mía, no la tengo hoy que estoy en Soto del Real (en referencia al centro penitenciario donde se encuentra recluido” espetó.
Sànchez defendió que nunca ha estado a favor de la DUI y así lo ha dicho en varias ocasiones públicamente. “Mi opinión sobre la declaración unilateral de independencia hoy es la misma que tuve cuando fui elegido presidente de la Asamblea. “Yo ya dije que el día 27 de septiembre no se vota para hacer una DUI. Ese no es el recorrido, no es el camino. Eso lo dije cuando fui nombrado presidente de la ANC y, no hoy que estoy en Soto del Real. Mi opinión sobre la declaración unilateral de independencia ha sido siempre la misma, no ha variado”, apeló.
Además, apoyó la misma tesis de la expresidenta de la Mesa del Parlament, Carme Forcadell, que la declaración de independencia en el Parlament el 27 de octubre “no se publicó, así que tuvo la validez que tuvo”.
Gran parte del interrogatorio del fiscal versó sobre los hechos ocurridos el 20 de septiembre ante la Conselleria de Economía, cuando varias asociaciones como la ANC convocaron concentraciones mientras una comitiva judicial enviada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona registraba el edificio en busca de información sobre la preparación del referéndum.
Las asociaciones llegaron a convocar a 40.000 personas, que acabaron destrozando varios coches de la Guardia Civil, con las lunas reventadas, las ruedas pinchadas, pintados y con pegatinas. Sin embargo, Sànchez defendió que los grandes destrozos en esos vehículos los cometieron los medios de comunicación que se subieron encima. “Los primeros daños de esos vehículos y en gran parte lo produjeron no manifestantes sino profesionales de la prensa que decidieron ocupar esos vehículos”, espetó el diputado. “Esos coches fueron literalmente destrozados; se les sustrajeron las radios, rompieron las lunas”, le recordó el fiscal ante su respuesta. “No conozco los detalles”, zanjó Sànchez.
El entonces presidente de ANC -a quien tras esta declaración se le denegó de nuevo la libertad-, sostuvo que aquella concentración era pacífica y de reivindicación pero en ningún momento se pretendió prohibir el paso a la comitiva judicial. Es más, según su relato si los agentes de la Guardia Civil se quedaron hasta las siete de la mañana del día siguiente fue porque estaban esperando a que viniera la grúa a recogerlos coches y no porque estuvieran sitiados ante la amenaza de miles de personas. “Se quedaron dentro hasta las siete de la mañana para cuidar los coches, ¿no?”, ironizó el fiscal.
Ante la insistencia de Sànchez de que todas las movilizaciones y actos, incluso la concentración del día 20, eran pacíficas, el fiscal le preguntó si dado que el día anterior ya hubo altercados durante el registro de la empresa Unipost, no pudo prever que al día siguiente en otro registro podrían haber también actos violentos. “No era difícil de prever, que al día siguiente y con 40.000 personas se pudiera liar parda en el minuto uno, sobre todo cuando ya siete coches estaban dañados por la mañana del día 20” afirmó el fiscal.
Sànchez alegó que desconocía en ese momento lo que había ocurrido el día anterior y que no lo supo hasta tiempo después. Aún así, sostuvo a lo largo de toda la declaración que en aquellos hechos tuvo comunicación constante con la Guardia Civil. “El teniente de la Guardia Civil sabía que nos íbamos a subir a sus coches para dirigirnos” a los que estaban allí para pedirles que se fueran, sobre las 12 de la noche (la concentración comenzó a primera hora de la mañana).
”El teniente de la Guardia Civil ha dicho que no les permitió subir a los coches”, le recordó el fiscal. “Yo no he dicho que me diera autorización. Yo le dije que lo iba a hacer. No tenía voluntad de despreciar a la Guardia Civil sino a dirigirme a esas personas para que se fueran a casa”, explicó Sànchez.
Pero el fiscal le mencionó su primera declaración ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, a quien le dijo que tanto él como el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart -también encarcelado- se subieron a los coches policiales previa autorización del teniente. “No recuerdo la autorización. Honestamente, no tengo la sensación que me dijera, ‘si por favor suba al coche’”, espetó.
Ya a preguntas de su abogado, Jordi Pina, el diputado de JxCat aseguró que ANC no ha recibido dinero público, ni subvenciones ni ayudas. Se sostiene de las cuotas de sus socios y de ciudadanos que colaboran con ellos. Además, negó conocer el documento “Enfocats” encontrado al ex número 2 de Oriol Junqueras, Josep María Jove, con la supuesta hoja de ruta para conseguir la independencia de Catalunya. Tampoco financiaron el referéndum, ni pagaron las urnas, ni papeletas ni sobres.
En su alegato final, Jordi Sànchez pidió al juez que le dejara en libertad, extremo que este mismo martes le denegó. “Se la planteo con una cierta conciencia de que si usted no permite mi salida en libertad, con las condiciones que considere oportunas, no se como puedo demostrar desde Soto del Real lo que usted plantea, que hay que demostrar una actitud. No se cómo hacerlo”.
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