Carles Puigdemont ha intentado por tierra, mar y aire ‘negociar’ su regreso a España para asistir a la sesión de investidura del pleno del Parlament de Cataluña y volver a ocupar la presidencia de la Generalitat. Primero sus abogados intentaron sin éxito ponerse en contacto con Pablo Llarena, después programó un viaje trampa a Dinamarca para intentar que la Justicia reactivara la Orden de Detención Europea y ahora su entorno ha asegurado, sin explicar cómo, que pedirá autorización al magistrado instructor para asistir a la cámara autonómica este martes.
Fuentes consultadas por esta emisora aseguran que el Tribunal Supremo no dará luz verde a una investidura a la medida del candidato fugado y, además, van más allá y sostienen que de la lectura de las resoluciones judiciales del juez Llarena se antoja “improbable” que conceda permiso al cabeza de lista de Junts per Cat para que acuda al Parlament este martes a realizar su discurso de investidura ante un hipotético regreso a España. Más aún después del respaldo del Tribunal Constitucional que este fin de semana supeditó la investidura de Carles Puigdemont y su presencia en el pleno a la “pertinente autorización judicial” toda vez que “está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión”.
Parece insostenible que se de luz verde para acudir a la sesión de investidura a Carles Puigdemont que prometió en vano acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía y que no ha dado señal alguna de arrepentimiento. “Seria volver al punto de partida, a la ruptura total con el Estado de Derecho”, resumen estas fuentes. Y este fue precisamente uno de los argumentos de Pablo Llarena en el auto por el que se negó a reactivar la Orden Europea de Detención. El juez del Tribunal Supremo señaló “la notoriedad que ha tomado la proclamada intención de Puigdemont de restablecer el mismo gobierno bajo el que se declaró la llamada república catalana e impulsar con ese gobierno su implantación”.
Además, Carles Puigdemont cuenta con el antecedente del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, a quien el juez ya ha negado la posibilidad de asistir a los plenos. Sus argumentos son extrapolables al expresident. Pablo Llarena justificó su decisión en "la posibilidad de que su liderazgo volviera a manifestarse con movilizaciones ciudadanas colectivas violentas". Y concluyó que permitir "unas conducciones de salida y retorno del centro penitenciario, en fechas y horas determinadas, con destino conocido", pueden "impulsar un grave enfrentamiento ciudadano".
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