El constructor David Marjaliza, cabecilla de la trama Púnica, ha entregado al titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García Castellón, 23 documentos que en su día no fueron localizados por la Guardia Civil. Con ellos, el empresario quiere respaldar sus últimas declaraciones en la Audiencia Nacional en las que detalló el supuesto pago de comisiones ilegales a alcaldes de la Comunidad de Madrid por el amaño de millonarios contratos municipales de eficiencia energética. El empresario colabora con la justicia con nuevos documentos en los que incrimina a tres regidores del PP y uno del PSOE.

Se trata, en concreto, de los que cuando se produjeron las primeras detenciones de la Operación Púnica en octubre de 2014 eran los primeros ediles populares de Collado Villalba (Agustín Juárez), Valdemoro (José Carlos Boza Lechuga) y Torrejón de Velasco (Gonzalo Cubas), así como el alcalde socialista de Parla, (José María Fraile). Marjaliza aseguró hace tres semanas ante el magistrado que a todos ellos los había convencido para que adjudicaran de modo presuntamente irregular contratos públicos a Cofely, la empresa energética con varios directivos investigados en la causa. En la mayoría de los casos, lo hizo mediante la entrega a los cargos públicos de dinero en efectivo o encuestas políticas.

En el caso de Parla, Marjaliza aseguró el pasado 30 de octubre que a cambio del amaño de un concurso de 66,2 millones de euros, dio al jefe de gabinete de Fraile, Antonio Borrego, 500.000 euros en metálico en "diez o doce entregas" que le dijeron que era “para el partido, para el jefe, para hacer publicidad” aunque nunca preguntó por su destino final. También aseguró que otra parte del pago iba a ser en encuestas políticas. El constructor explicó que el acuerdo incluía la realización de tres sondeos previos a las elecciones municipales de 2015, pero que finalmente solo pudieron hacer uno ya que tanto él como los otros implicados fueron detenidos.