La documentación se encuentra bajo secreto de sumario.
Hoy aquella información de la policía nacional en la puerta de una incineradora impidiendo e interceptando varios vehículos de los Mossos con material destinado a ser destruido cobra especial relevancia. El lugar no era otro que una planta de Sant Adrià de Besós (Barcelona) . Oficialmente, los Mossos, entonces aún liderados por Trapero, negaron que esos documentos estuvieran relacionados con el 1 de octubre y lo redujeron a meros trámites administrativos y copias sin interés policial. Pero al parecer no era así.
Sucedió en vísperas de la aplicación del artículo 155 y la policía hubo de esperar una orden de la jueza Lamela para poder hacerse con aquella documentación. Si recuerdan, los Mossos se negaban a entregar ese material a los agentes de la Comisaría General de Información dicha documentación mientras los agentes de la Policía Nacional no les entregasen la orden judicial.
Carmen Lamela,fue informada y de inmediato firmó esa esperada orden, por la que los mossos se vieron obligados a entregar la documentación que iban a quemar a la policía. Después de este incidente yante la sospecha de que podría tratarse de documentación elacionado con actividades ilegales vinculadas con el referéndum del 1 de octubre anulado por el Tribunal Constitucional, los investigadores comenzaron a visionar el material confiscado.Y, efectivamente, entre la documentación que aún siguen expurgando los agentes de Información se han encontrado importantes documentos, que relacionan a mandos y agentes de la policía autonómica catalana con el referéndum ilegal.
Y entre estos, escritos firmados por mandos intermedios de los Mossos dando instrucciones a sus agentes sobre actuaciones previas y posteriores al 1 de octubre y cuya finalidad no era otra que dar cobertura y protección a la consulta.
Entre los documentos se han hallado además ordenes de caracter político que tendrían como principal actor al ex-mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.
Según los investigadores en dichos documentos se aprecian comportamientos delictivos con nombres y apellidos tanto de mandos como de agentes de los Mossos. De momento la documentación se encuentra bajo secreto de sumario toda vez que el estudio policial ordenado por la juez Lamela aún no ha concluido.
Entre el material intervenido figuran documentos que atestiguan seguimientos sin autorización judicial, coberturas de vigilancias y hasta datos sobre intervenciones telefónicas que estarían bajo sospecha. No obstante a la juez Carmen Lamela solo le será remitido cuantos documentos esten relacionados con los delitos de sedición que la magistrada está investigando. El resto del material considerado delictivo será remitido al juzgado de guardia.
Al parecer el sector soberanista trató de eliminar el rastro de sus actuaciones sobre el 1 de octubre, no conseguirlo puede acarrearle nuevos problemas judiciales.
Ahora, los investigadores entienden que los implicados en el 1 de octubre trataron de «camuflar» documentos incriminatorios en el marco de la destrucción habitual de documentos. Los investigadores contaron con la colaboración y la alerta de agentes de los Mossos que detectaron esta irregular maniobra. Por este motivo, la intervención de la Policía Nacional fue inminente.
El convoy interceptado estaba formado por un coche y una furgoneta que erqa la que transportaba la documentación.
Como recordarán el operativo se desarrolló cuando los mossos de la Comisaría General de Información se vieron sorprendidos por la presencia de una quincena de miembros de las unidades de intervención policial (UIP) -antidisturbios- de la Policía Nacional y al menos otra decena de agentes de la Brigada de Información.
Tras identificarse, los agentes de la Policía Nacional requirieron que les fuera entregada la documentación, algo a lo que los Mossos d'Esquadra se negaron sin antes contar con una orden judicial .Tras unos minutos de tensión entre mandos de los dos cuerpos, que ya habían tenido roces, fue finalmente la juez Lamela la que dio permiso de urgencia para que las cajas fueran requisadas para analizar su contenido.
En un comunicado oficial, la policía de la Generalitat sostuvo que las cajas sólo contienen «documentación administrativa» relacionada con miembros del cuerpo, además de informes policiales sin valor policial.
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