La Junta de Andalucía cifra en 146 millones el dinero defraudado en los cursos de formación.

La Junta de Andalucía cifra en 146 millones el dinero defraudado en los cursos de formación.

Susana Díaz ordenó paralizar las ayudas en la región donde el escándalo salpicó incluso a su marido, profesor de los cursos en un sindicato.

La Junta de Andalucía cuantifica en 149 millones de euros el dinero defraudado por las irregularidades detectadas en las ayudas de la formación para el empleo entre 2007 y 2012.

La cifra se aleja muy mucho de los casi 3.000 millones de fraude los que se llegó a hablar. No obstante el bautizado como caso 'Edu', evidencia el descontrol en los fondos públicos dedicados por la Junta al Empleo.

El escándalo saltó hace cuatro años y por los calabozos pasaron altos cargos del ejecutivo andaluz además de sindicalistas y empresarios.La investigación se centró en las ayudas concedidas por la Administración andaluza a cientos de empresas para llevar a cabo cursos de formación para el empleo, cursos que no se llevaron a cabo,falseando los datos de los alumnos e incumpliendo los requisitos obviando la condición de contratar a los alumnos al término de las actividades.

Desde el PP se llegó a apuntar a una forma de alimentar la red clientelar del PSOE aludiendo a empresas en la órbita del partido como principales beneficiarias. Pero los tribunales calificaron los hechos de errores administrativosdemontando esa supuesta trama clientelar.

El consejero de Empleo ha dicho que no había un fraude masivo como decía el PP y desveló que ya se han revisado 6.501 de las 8.505 ayudas tramitadas. Según En 4.751 de esos expedientes no se constata incumplimiento alguno, y en 1.754 sí se han detectado irregularidades, por lo que tras iniciarse los procesos de justificación y alegaciones la administración reclama en firme 149 millones. Según aseguró la Junta hace diez meses, sólo se habían podido recuperar 8,7 millones.

Es precisamente a la lentitud del proceso a la que se aferra la oposición. Al poco de asumir la Presidencia de la Junta, Susana Díaz ordenó paralizar las ayudas en la región e iniciar de oficio una revisión de todas las subvenciones dadas. Era la época de los ERE, y la socialista no iba a dejar que su mandato se iniciara con un caso de corrupción que llegó a salpicar a su marido (profesor de los cursos en un sindicato) y a otros exdirigentes del partido.

Pero pese al aumento de plantilla, tras cuatro años aún falta por revisar una cuarta parte de las ayudas, un retraso «intencionado» con la intención, afirman los 'populares', de que acaben prescribiendo y así «no perjudicar a su red clientelar». Reprochan además que se «oculten» los datos relativos al dinero reclamado y los fondos recuperados. "Quien oculta datos favorece el fraude", espetó la portavoz del PP en la comisión parlamentaria de Empleo.

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