El Supremo suspende una semana las declaraciones de la Mesa del Parlament

Las declaraciones como imputados de Carme Forcadell y el resto de miembros de la Mesa del Parlament de Catalunya se suspenden hasta la semana que viene: según han informado desde el Tribunal Supremo, el juez Pablo Llarena ha decidido estimar esta petición de los abogados de las defensas, por lo que quedan suspendidas hasta el jueves de la semana que viene. Los seis han llegado poco antes de las nueve y media de la mañana, arropados por varios políticos y también increpados por unas pocas personas que han intentado llegar hasta ellos con gritos y banderas. "Vamos con la cabeza alta, hemos llevado al parlamento el debate que había en la sociedad catalana, eso es política y no es un crimen", ha dicho a la entrada uno de los imputados, Joan Josep Nuet.

La última en entrar era la presidenta de la Mesa, acompañada por su abogado. Tanto ella como el resto de imputados están acusados por la Fiscalía de delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos: según el Ministerio Público, todos han contribuido a "dinamitar los cimientos del Estado de derecho". Los imputados son: Carme Forcadell: expresidenta de la Mesa del Parlament de Catalunya. Lluís María Corominas: exvicepresidente primero de la Mesa, y expresidente del grupo parlamentario de Junts Pel Sí (JxS). Lluís Guinó: exvicepresidente primero de la Mesa y diputado de JxS. Anna Simó: exsecretaria primera de la Mesa y diputada de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Ramona Barrufet: exsecretaria cuarta de la Mesa y diputada de JxS. y Joan Josep Nuet: exsecretario tercero de la Mesa y exdiputado de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP).

En ciento dieciséis páginas de querella, la Fiscalía repasa los dos últimos años de actividad en el Parlament, poniendo el foco sobre cada una de las leyes tramitadas y aprobadas y también sobre cada una de las órdenes del Tribunal Constitucional desobedecidas. Forcadell, los miembros de la Mesa y el Govern "unieron sus voluntades para, dentro de su respectivo ámbito de actuación, llevar a cabo el referéndum independentista y con ello la separación de Cataluña de España, promoviendo y utilizando la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población".

Les acusa, por tanto, de usar a la población como fuerza de choque para salirse con la suya. Ellos, dice la Fiscalía, "promovieron y mantuvieron la convocatoria de referéndum, haciendo caso omiso a las resoluciones judiciales y llamando a la población a la presencia masiva en los puntos de votación señalados". Entre otros aspectos concretos por los que tendrán que responder: la tramitación haciendo "tabla rasa" de la Ley de Transitoriedad, la de los presupuestos de la Generalitatcon dinero público destinado al referéndum o la más reciente tramitación de la declaración de independencia, generalmente con los letrados del Parlament en contra.