La formación profesional es un pilar esencial en la preparación de las personas para el mercado laboral, y en este sentido, los recientes cambios normativos, que supuestamente, buscan mejorar y adaptar esta formación a las demandas cambiantes, no hacen más que alejarse de la realidad, pensando que todo el tejido productivo es homogéneo y que el mismo será capaz de acoger a todo el alumnado de formación profesional en los periodos de prácticas que se proponen en el Real Decreto y en los borradores de Órdenes. Surge la pregunta: ¿Qué pasará si no hay empresas dispuestas a acoger al alumnado en prácticas? Esta situación podría comprometer gravemente la formación de los estudiantes.
Asimismo, cabe cuestionar: ¿Por qué el profesorado tiene que hacer la tarea de un comercial para buscar empresas cuando ya está sumido en mucha burocracia que dificulta el desarrollo de su labor docente? Esta carga adicional sobre el profesorado podría afectar negativamente la calidad de la enseñanza.
La inacción de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía en el desarrollo de una normativa específica plantea serias dudas sobre su compromiso con la educación y el futuro de nuestros estudiantes. No está teniendo en cuenta las particularidades de nuestra comunidad, y menos aún las de nuestra provincia. No está contando con la opinión del profesorado que conoce muy bien el funcionamiento de la formación profesional y las dificultades que entraña encontrar empresas para realizar prácticas. No está definiendo el currículo, con lo que eso representa, y más teniendo en cuenta que el curso que viene hay que empezar a implantar la nueva formación profesional, que incluye cambios de horas en varios módulos y la implantación de nuevos módulos. No aclara cómo quedarán las plantillas del profesorado una vez que se implante la formación profesional en todos los centros.
La ausencia de una normativa clara y específica para Andalucía crea incertidumbre y deja a estudiantes, profesorado y empresas en un limbo regulatorio. Esta falta de planificación y previsión por parte de la Consejería afectará directamente a la calidad de la enseñanza y a la preparación de nuestros estudiantes para el mercado laboral. La falta de acción no solo es inaceptable, sino que también pone en riesgo el futuro de miles de estudiantes. No aclara las nuevas funciones que debe asumir el profesorado y pone en peligro el buen funcionamiento de nuestros centros de formación profesional.
La Junta de Personal Docente no universitario hace un llamamiento a la Consejería de Educación de Andalucía para que cumpla con su deber y publique una normativa específica lo antes posible, aunque teniendo en cuenta las fechas en las que estamos lo más lógico sería aplicar una moratoria en nuestra comunidad, para poder aplicar los cambios de forma ordenada y bien pensada.
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