La iniciativa es considerada por el Gobierno y sus socios como un asunto de gran importancia y creen que existen suficientes razones para atenderla y mejorarla durante el proceso parlamentario. A pesar de que todas las formaciones, excepto Vox, parecían estar comprometidas con esto, la duda persistió hasta poco después de comenzar el pleno, cuando tanto Junts per Catalunya como los populares admitieron que aceptarían su admisión a trámite.
Nelly, quien llegó de Honduras hace siete años, podría ver su vida transformada gracias a esta iniciativa. Aunque su situación aún no está regularizada, ella ha explicado ante los micrófonos de laSexta que ha estado de manera irregular todos estos años debido a la falta de un contrato. Además, Nelly ha confesado haber trabajado "en negro". Esta iniciativa tiene el potencial de impactar positivamente a miles de personas como ella.
No es que le haya faltado trabajo durante este tiempo, sino que se ha dedicado al cuidado de personas mayores y a labores de limpieza, mientras sus papeles siguen en trámite. Esto ha llevado a que se muestre "pesada con los de Extranjería" mediante cartas y solicitudes de explicación sobre la documentación necesaria.
En España, hay 470.000 personas que se encuentran totalmente invisibilizadas frente a las instituciones debido a la lenta y tediosa burocracia. Estas personas, como Nelly, no tienen posibilidad de acceder a servicios tan básicos como la Seguridad Social. La iniciativa legislativa popular, que ha recogido 250.000 firmas necesarias (611.821 en total), pretende cambiar esta situación y dar el primer paso este martes.
Desde el grupo socialista, su portavoz en el Congreso, Patxi López, argumentó que la pretensión es enfrentar "este fenómeno de la inmigración de una manera inteligente". La iniciativa ha estado respaldada por los progresistas. Además, desde Sumar también respaldaron la cuestión. Su vocal adjunta, Aina Vidal, aseguró que la medida implica reconocer que son personas humanas y trabajadores con derechos.
Según Sofía Acedo Reyes, diputada del Partido Popular, este partido ha votado a favor. Sin embargo, la popular ha dejado claro que "el Gobierno no merece confianza", pero se compromete a apoyar "esta iniciativa debido a las peticiones de entidades como Cáritas y los ciudadanos". A pesar de esto, las dudas sobre el sentido de voto del PP comenzaron a desaparecer después de la postura adoptada por la Conferencia Episcopal.
"Un primer paso de salud ética y democrática" es lo que, según el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, implica la admisión a trámite de esta iniciativa, como expresó en una publicación compartida en su perfil de X. Por otro lado, Alberto Núñez Feijóo, líder popular, se comprometió en la COPE a "buscar soluciones".
El sector empresarial también se pronunció en la misma línea. Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), afirmó que siempre han estado dispuestos a contratar debido a la gran cantidad de personas y puestos de trabajo disponibles en España. Las cifras respaldan esta afirmación, ya que se estima que cada persona contribuiría con un promedio de 3.250 euros al año. Esto tendrá un impacto en las finanzas públicas.
Vox, cuya diputada Rocío De Meer, ha indicado en el pleno que la formación liderada por Santiago Abascal votaría en contra. Sus 33 diputados han hecho lo mismo. "Deseamos que España continúe siendo España y no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Esto no es odio, xenofobia o racismo, es simplemente sentido común", aseguró De Meer. Además, añadió que la ILP es un "efecto llamada".
Esta iniciativa legislativa popular, ¿qué pretende?
Hace más de dos años, se puso en marcha esta iniciativa con una amplia campaña de recolección de firmas. Su meta era otorgar al Gobierno un plazo de seis meses para aprobar un real decreto que estableciera el procedimiento de regularización administrativa de los extranjeros que estuvieran en el país antes del 1 de noviembre de 2021. De este modo, se busca lograr la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes.
Alrededor de 500.000 migrantes, según sus promotores, sufren la vulneración de sus derechos fundamentales. Además, se les impide contribuir económicamente y fiscalmente a la sociedad, acceder a un trabajo digno, vivienda, salud o educación. Según afirman, esto podría ser solucionado.
La red #RegularizaciónYa, la Fundación para la Ciudadanía Global, la Fundación Por Causa, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), Alianza para la Solidaridad y el partido Por un Mundo Más Justo se unieron para formar la comisión promotora de la iniciativa. Numerosas oenegés y asociaciones vinculadas a la inmigración, así como la Iglesia católica y otros sectores de la sociedad, han respaldado esta propuesta.
Legalteam ha recordado en declaraciones a Europa Press que en España se han realizado seis regularizaciones extraordinarias de migrantes. Durante los años 1991 y 1992, se llevó a cabo una regularización extraordinaria con el Gobierno socialista, la cual benefició a un total de 108.321 personas. Posteriormente, en 1996, mediante otro proceso de regularización extraordinaria con el PP, obtuvieron documentos legales 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron.
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