Tras la respuesta de Transparencia, órgano que considera que la información relativa a las inspecciones en centros de mayores debe ser pública, la presidenta de la Comunidad de Madrid recurre al TSJM, para de esta manera evitar que se conozca que fue lo que realmente sucedió y si los cerca de 8.000 ancianos fallecidos, murieron abandonados a su suerte por culpa del famoso protocolo que puso en marcha la presidenta madrileña.
Cabe recordar que durante el pico de la pandemia del coronavirus, la Policía Municipal acudía a las residencias para examinar que se cumplían con todas las condiciones, mientras que los familiares de los mayores no podían acudir a estos lugares.
El periodo sobre el cual se está consultando es entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de agosto del mismo año.
Fueron cerca de 120 residencias de mayores las inspeccionadas y 38 centros de atención a personas con discapacidad. También se visitaron 56 centros de ámbito religioso. Durante estas inspecciones, los agentes verificaron el estado de los residentes y si todas sus necesidades estaban siendo atendidas, tanto en los centros de mayores como en sus propios hogares.
La fecha del recuento, que es de carácter público y fue facilitado a este medio, es mayo de 2020. Por lo tanto, las inspecciones fueron más, ya que las actas que aparecen en los documentos están comprendidas entre marzo y agosto de ese año. Además, la solicitud se remonta a febrero de 2022.
En cada uno de los centros, las alegaciones o manifestaciones del titular o la persona responsable, así como las condiciones en las que operaban los trabajadores y la plantilla, fueron reflejadas en los informes que Ayuso ahora quiere esconder. Además, se detallaron las medidas de seguridad e higiene adoptadas por el propio centro y la situación de los residentes. Tras evaluar la situación, se tomaba la decisión sobre qué intervención era más oportuna en cada caso.
Las autoridades tenían tres opciones para actuar a partir de este punto. En caso de que las deficiencias fueran leves o se pudieran solucionar fácilmente, los policías municipales se ponían en contacto con la persona responsable de la residencia para ofrecer una respuesta inmediata al caso. Luego, se realizaba una segunda visita de verificación y, si era necesario, se movilizaban los servicios de Samur-Protección Civil para brindar atención médica.
Cuando se requería una reorganización o desinfección que el centro no podía realizar por sí mismo, la Policía solicitaba la ayuda de los bomberos. En situaciones más complicadas, los agentes coordinarían una acción conjunta con todos los servicios disponibles, tanto de la Comunidad como del Ayuntamiento, bajo cuya responsabilidad se encuentra la Policía Municipal en este caso.
Acudiendo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Ayuso intenta ocultar las actas de residencias durante la pandemia, tras la solicitud realizada por un particular al Portal de Transparencia de la Comunidad.
Una petición que fue rechazada por la Viceconsejería de Interior, argumentando como excusa que entraba en conflicto con la Ley de Protección de Datos, algo que la persona particular desmintió, ya que afirmó que dicha norma no se aplica a las personas fallecidas, o destacando que contiene un volumen elevado de información con más de mil expedientes. Además, se menciona que en la documentación aparecen datos de carácter personal, como el nombre de la persona fallecida o enferma, según destaca el ejecutivo regional.
El Consejo de Transparencia insta a la administración a enviar la información junto con una copia de los documentos dentro del plazo máximo de 20 días, pero la Comunidad de Madrid recurre ahora ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para evitar de esta manera ocultar la verdad.
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