La Fiscalía Superior de Cataluña abre nuevas diligencias con el objetivo de determinar si, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, la llamada Policía " patriótica" llevó a cabo una investigación irregular sobre Martín Rodríguez Sol, ex-fiscal jefe de dicha comunidad, en relación a la 'operación Cataluña'.
Se destaca que dicha operación "jamás" fue puesta en conocimiento ni de la Fiscalía ni de un juez.
Las diligencias se abren a raíz de la publicación del artículo titulado "El Gobierno de Rajoy usó a la Policía para investigar ilegalmente al fiscal jefe de Cataluña". En dicho artículo se incluye una fotografía de un documento aparentemente oficial con membrete de la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General del Cuerpo Nacional de Policía.
Fue según las diligencias durante el mandato de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior. En ese periodo se llevó a cabo una supuesta investigación por parte de la Policía que tenía como objetivo encontrar "vínculos" entre un fiscal y Unió Democrática de Cataluña, partido que estaba en coalición con CDC. También se investigaron las comisiones gestionadas por los abogados de dicho partido.
A raiz de ello se filtraron informaciones falsas sobre supuestas cuentas en paraísos fiscales de los expresidentes Artur Mas y Jordi Pujol, bulos que "el Gobierno de Rajoy había hecho llegar a periódicos afines".
De acuerdo con las publicaciones, se deduce que los agentes no informaron sobre la supuesta investigación ni a la Fiscalía ni a un juez.
Con estas informaciones falsas se buscaba desacreditar a la máxima autoridad fiscal en Cataluña por expresar su intención de investigar presuntos delitos cometidos desde el Ministerio del Interior en el contexto de las investigaciones contra líderes independentistas catalanes.
La Fiscalía busca conocer "de manera específica" qué acciones policiales se realizaron, "la autoridad policial encargada de la investigación y la identidad de los funcionarios o autoridades a quienes se informó los resultados", siempre y cuando se demuestre su "efectiva existencia".
En marzo de 2013, Eduardo Torres-Dulce, el entonces fiscal general del Estado, abrió un expediente a Rodríguez Sol por haber expresado que consideraba legítimo preguntar a los catalanes sobre su futuro político por medio de una consulta legal. Como resultado, Rodríguez Sol dimitió.
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