En su tesis de que el Tribunal Supremo debe investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por delitos de terrorismo en la causa abierta en torno a la plataforma 'Tsunami Democràtic', el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rechazado de plano un recurso de la Fiscalía y se ha reafirmado.
Hace meses, la Fiscalía recurrió tanto la decisión del juez de dirigirse contra Carles Puigdemont y la dirigente de ERC Marta Rovira, como la resolución en la que pedía al Supremo investigar al expresidente catalán al estar aforado como eurodiputado. La Fiscalía discrepa abiertamente de que los disturbios de 2019 atribuidos a este movimiento en respuesta a la sentencia del 'procés' puedan ser calificados de terrorismo.
En el plano judicial, el juez ha dictado un auto en el que sostiene que las últimas diligencias han fortalecido su tesis inicial de que los hechos podrían ser considerados delitos de terrorismo. Además, ha rechazado el último recurso presentado por el fiscal en relación a la tramitación de la proposición de ley de amnistía en la vía parlamentaria.
La documentación que ha ido solicitando para esclarecer la muerte por un paro cardíaco de un turista francés el 14 de octubre de 2019 en el aeropuerto de El Prat, sede de algunos de los disturbios que se investigan, es a lo que se refiere concretamente.
En su auto, el juez menciona la documentación aportada por los Mossos sobre lo que ocurrió aquel día o la personación en la causa de varios policías que fueron lesionados días después en otros incidentes. El juez trata de indagar si este fallecimiento tuvo relación con las protestas.
La nitidez de los indicios es cuestionada al tener que "insistir" a la Fiscalía.
Cuestiona García Castellón que tenga que "insistir" ante la Fiscalía en relación a la calificación inicial por delito de terrorismo, sobre la contundencia, cantidad y nitidez de los indicios. Además, rechaza que no haya fundamento para solicitar al Supremo investigar a Puigdemont.
"La gravedad de los delitos que, en este momento se vislumbran", insiste el juez, así como la "clara afectación" que tuvieron los "intereses generales" y las "estructuras económicas esenciales del Estado", además de los daños y lesiones causados en las protestas.
En su opinión, el Tribunal Supremo debería dirigir la investigación, lo cual implica no solo esclarecer los hechos promoviendo la acción de la Justicia, sino también defender la legalidad.
Una vez que las recusaciones planteadas por varios investigados que cuestionaban su imparcialidad han decaído, el juez ha dictado este auto.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene pendiente resolver, a petición de la Fiscalía, si ratifica esos indicios de terrorismo que ve el juez o considera, como el fiscal, que se trata de desórdenes públicos. Al margen de esta decisión.
Un segundo auto ha sido dictado por el magistrado, en el cual se ha rechazado un recurso presentado por la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Este recurso iba en contra de la decisión del magistrado de dirigirse a Suiza para que comunique oficialmente su paradero.
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